Un fallo judicial dejó sin efecto un Decreto de Necesidad y Urgencia
El Ejecutivo no podrá usar los bienes secuestrados
El presidente pasaba dinero y bienes decomisados al Ministerio de Justicia
La Cámara Federal en lo Penal Económico declaró ayer, martes, como nulo el DNU 575/2025 del presidente Javier Milei, que buscaba cambiar el sistema de administración de los bienes y el dinero secuestrado en causas penales federales, y cuya aplicación ya había sido suspendida de manera cautelar por un juez en lo Contencioso Administrativo.
“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Así lo enfatizó el tribunal al citar el Artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Según el fallo, el decreto fue dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso y no se demostró que el Poder Legislativo estuviera impedido de sesionar para tratar una ley sobre la materia.
Los camaristas afirmaron que “ninguna de las circunstancias que se invocaron por los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 575/2025 resultaban de surgimiento repentino y/o sorpresivo”, ni se acreditó “una situación de crisis o de gravedad que solo podría conjurarse mediante un cambio inmediato en la normativa vigente”.
La Cámara cuestionó las “razones tan genéricas” alegadas para justificar la urgencia y remarcó que “la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”. Además, subrayó que, al momento de dictarse el DNU, la Corte Suprema ya había emitido, el 15 de julio de 2025, la Acordada 22, que regulaba la administración de estos bienes, lo que según el tribunal desvirtúa la idea de un vacío legal que justificara un DNU.
Tampoco consideró válido el argumento vinculado a la necesidad de contar con recursos para la implementación del Código Procesal Penal Federal, ya que su aplicación ya rige en varias provincias y existe un cronograma oficial para las jurisdicciones restantes.
En el mismo sentido, rechazó que el decreto pudiera ampararse en las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En octubre pasado el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Pablo Cayssials, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional y dispuso la suspensión del DNU 575/2025, mediante el cual se aprobó el “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”.
Ese decreto también había creado el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, como órgano de supervisión y toma de decisiones.
