El Gobierno aprieta con la reforma

El proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que difundió el Gobierno este martes y que busca aprobar en las sesiones extraordinarias de diciembre introduce una serie de transformaciones estructurales en materia fiscal, penal y administrativa. El objetivo de la norma es limitar el gasto público, reforzar la disciplina presupuestaria y sancionar penalmente a los funcionarios que violen estas disposiciones. La iniciativa impacta de forma directa en el funcionamiento del Estado nacional, del Congreso, del Banco Central y de los organismos descentralizados.

La iniciativa -presentada como un mecanismo para garantizar estabilidad macroeconómica- plantea una serie de interrogantes sobre su operatividad real, sus implicancias para la división de poderes y el impacto que podría tener en sectores del Estado que dependen de financiamiento flexible.

El núcleo del proyecto se concentra en el Título I del texto de 13 páginas con la reforma, que establece una regla fiscal estricta “la prohibición absoluta de sancionar presupuestos deficitarios”, teniendo en cuenta el ahogo fiscal al que llevó a cabo la Nación a las Provincias. Con esta disposición, el Congreso queda atado a un principio contable cuyo cumplimiento depende de variables volátiles -como recaudación, actividad económica e inflación- que escapan al control legislativo. La medida apunta a disciplinar el gasto, pero reduce sensiblemente la capacidad del Estado para responder a shocks económicos o emergencias.

El proyecto que busca limitar el gasto de los gobiernos presenta transformaciones estructurales en materia fiscal, penal y administrativa.