Preocupa la violencia estatal en Argentina

En su 83° período de sesiones, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó el viernes último un avance de su informe periódico sobre la Argentina y otras naciones, con una serie de advertencias a nuestro país sobre la gestión de seguridad, principalmente en lo que respecta a la gestión de cárceles y el accionar de fuerzas de seguridad en las movilizaciones sociales, enmarcadas en el llamado “Protocolo antipiquetes”.

Entre sus definiciones, la ONU expresó su “inquietud por diversas resoluciones del Ministerio de Seguridad sobre uso de la fuerza, armas menos letales y el ‘Protocolo Antipiquetes’”. En ese sentido, “solicitó su revisión para adecuarlas a estándares internacionales, incorporando los criterios de necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas”.

En ese marco, apuntaron contra la falta de información que existe sobre avances de investigaciones o sumarios internos en casos de “denuncias de abusos durante operativos de seguridad en manifestaciones, incluyendo lesiones graves por uso indiscriminado de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, así como detenciones arbitrarias”. Los ejemplos considerados apuntan a represiones en la ciudad de Buenos Aires durante 2024 y 2025, y en la provincia de Jujuy en 2023.

Asimismo, le solicitó a “los tres poderes del Estado [...] asegurar que cada política pública respete la dignidad humana, especialmente en contextos de encierro”.

Otro de los puntos del informe de la ONU se refirió a los espacios de detención, subrayando una problemática del “uso de comisarías para alojamientos prolongados, recordando que no están diseñadas para ese fin”. Es por ello que instó a la Argentina a que “cese esta práctica y adopte mecanismos para garantizar su prohibición”.

El organismo manifestó “preocupación por las condiciones de vida severas” en los denominados “regímenes de alto perfil” en las cárceles, en donde se aplican “aislamientos superiores a 20 horas diarias y restricciones de visitas familiares”. En simultáneo a solicitar la adecuación a estándares internacionales, pidió la revisión de hechos de “torturas y malos tratos” en cárceles de la provincia de Santa Fe durante el año 2024.