Causa Vialidad

La Justicia ordenó decomisar los bienes de CFK y de Báez

Entre la expresidenta y los demás condenados deben devolver a la sociedad casi 685 mil millones de pesos
miércoles, 19 de noviembre de 2025 · 08:30

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOF 2) de Buenos Aires, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso,  dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado, según la resolución firmada el 18 de noviembre de 2025.

La medida aplica a Lázaro Antonio Báez, Cristina Fernández de Kirchner (foto), otras personas condenadas y sociedades vinculadas, así como a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en calidad de “titulares de bienes identificados en el proceso”.

La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, una cifra que fue actualizada tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tras esto, el tribunal incorporó la metodología de actualización propuesta y solicitó el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.

A su vez, ordenó la tasación y ejecución de los bienes incluidos en el decomiso, dando prioridad a aquellos en poder de los condenados y de las sociedades identificadas en la maniobra delictiva.

 

¿Cuáles son estos bienes?

Incluye bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, todos ellos fueron adquiridos por los condenados en mayo de 2003 y diciembre de 2015, fechas que según la Justicia son relevantes a la hora de investigar; también propiedades que fueron heredadas a título gratuito y en partes iguales, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

En total son 20 propiedades las que perderá la familia Kirchner: un inmueble inscripto a nombre de la expresidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a sus hijos.

Por otro lado, Lázaro Báez perderá más de 80 propiedades e incluso inmuebles que pertenecen a las empresas utilizadas para la maniobra defraudatoria.

Además, se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich si los activos decomisados inicialmente resultan insuficientes para cubrir el monto fijado.

Asimismo, la resolución señaló que los bienes decomisados deben ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

 

Las reacciones

Tanto las defensas de los condenados como los representantes de Máximo y Florencia Kirchner, solicitaron el rechazo del decomiso de los bienes identificados, argumentando “falta de acreditación del nexo causal entre los activos y el delito, insuficiencia probatoria y vulneración de principios constitucionales”. Por otro lado, también cuestionaron la extensión de la medida “a bienes adquiridos antes del ejercicio de los cargos públicos” y la inclusión de bienes “previamente investigados en otras causas con sobreseimientos firmes”.

Al respecto, el tribunal consideró que la sentencia firme “acreditó la existencia de beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner derivados de la adjudicación y ejecución irregular de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz”.

Según la resolución, el decomiso alcanza los bienes que “constituyen instrumentos, efectos o provecho del delito, incluso si se encuentran en poder de terceros, salvo que estos sean adquirentes de buena fe y a título oneroso”.

El TOF2 comunicó la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine el destino de los inmuebles, conforme al reglamento vigente y se estableció que la finalidad prioritaria del decomiso “es la reparación del daño causado a la administración pública y la sociedad”, en línea con los estándares internacionales y la jurisprudencia local.

La resolución aclara que la Fiscalía mantiene la facultad de identificar nuevos bienes propensos al decomiso durante la ejecución de la sentencia, siempre que cumplan con los parámetros fijados por el tribunal.