COMISIÓN $LIBRA

“Hubo una colaboración imprescindible de Javier Milei”

miércoles, 19 de noviembre de 2025 · 08:30

Después de tres meses de funcionamiento, la comisión investigadora $LIBRA de Diputados presentó su informe final de más de 200 páginas en el cual concluyen que el presidente Javier Milei presentó una “colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” que resultó en una estafa en la que 114.410 billeteras sufrieron pérdidas.

Además, el informe le sugiere al Congreso evaluar la posibilidad de iniciar un juicio político contra Milei para investigar si hubo “mal desempeño” de su parte. “Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta Comisión determinada, hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, señala el primer punto.

Asimismo, en la comisión señalan que ellos no pueden impulsar el juicio político, pero agregan que hubo “negligencia, ausencia de controles y por eso sugieren que se evalúe el mal desempeño”. La Constitución señala que la Cámara de Diputados es la única que puede denunciar ante el Senado por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones.

El documento señala, además, que el presidente publicó un número de contrato “que no era de acceso público” y que sigue sin explicar cómo lo obtuvo. Según explican, ese dato refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda.

 

Conclusiones principales

En el informe se destaca que la promoción del proyecto $LIBRA no fue un hecho aislado, ya que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el presidente de la Nación; que a raíz del análisis técnico de las billeteras virtuales se confirman los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales; que a través del tuit fijado en la red social X con su cuenta verificada con tilde gris institucional, el presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada; que el presidente no ha explicado a la fecha cómo obtuvo el número de contrato del token $LIBRA que publicó pese a que dicha información no era de circulación pública; que, sin la promoción realizada por el presidente Javier Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado; que no existió motivo fundado para las 16 reuniones mantenidas con los actores involucrados y que todos los ingresos fueron autorizados y supervisados por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei; que Karina Milei, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional; que no existió una verdadera voluntad de investigar mediante una auto investigación encarada por el propio Poder Ejecutivo, sino que, por el contrario, se registró secretismo y una marcada falta de transparencia tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Unidad de Tareas de Investigación creada especialmente para este caso;?esta ausencia de cooperación y la escasa disposición a brindar información constituirían un incumplimiento de los deberes funcionales a cargo de Alejandro Melik y Florencia Zicavo; que por lo anterior, los funcionarios Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva habrían incurrido en incumplimiento de deberes, dado que su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta Comisión;?que existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, en tanto el presidente habría promovido un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones; que no se recibió la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, a pesar de tratarse de una atribución constitucionalmente reconocida la de investigar.