El Senado le dio otro duro golpe al Gobierno de Milei
Hay ley para financiar a las universidades
Se aprobó el tumbar el veto presidencial. También se votó afirmativamente por la emergencia pediátrica. Hubo una cordobesa que votó en contra
En otra jornada histórica en el Congreso, el Senado enterró ayer los vetos de Javier Milei contra la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica por el Garrahan, con mayorías aplastantes otra vez. El Gobierno libertario acredita ahora tres normas insistidas, contando la de la Emergencia en Discapacidad, algo que no ocurría desde el Gobierno provisional de Eduardo Duhalde.
Con menos de cinco minutos de diferencia entre una votación y otra, 59 legisladores aprobaron la insistencia para el Garrahan y 58 respaldaron el incremento de recursos para la educación superior. En ambos casos, solo 7 senadores cerraron filas con el Poder Ejecutivo: los seis libertarios y la bullrichista cordobesa Carmen Álvarez Rivero.
En el caso del Garrahan, los senadores Alfredo De Angeli, María Victoria Huala y Martín Göerling se abstuvieron. A ese trío se sumó la santafesina Carolina Losada al momento de votar la insistencia para universidades.
La victoria inapelable de la oposición se descontaba desde hacía semanas.
No obstante, el Gobierno había anunciado un dinero importante para Chaco, en estrategias que ya utilizó en otras oportunidades.
Con el gabinete tomado por las tortuosas negociaciones con Estados Unidos para el salvataje financiero y la crisis por las revelaciones del vínculo entre José Luis Espert y el narco Fred Machado, la tropa libertaria entró al recinto resignada. Por eso, el debate se realizó de manera conjunta, contemplando ambos proyectos a la vez, para acotar la extensión de la sesión, e insumió alrededor de seis horas.
La normativa
En cuanto a las universidades, la norma sancionada obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1 de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Según el texto, dicha actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La medida alcanzaría las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y actividades de extensión, todas enmarcadas en el Programa de Desarrollo de la Educación Superior.
Además, se deja fijada una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025.
La medida, que regirá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, se aplicará de acuerdo con la variación del IPC.
También obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y nodocente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.
Este incremento deberá hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remunerativo y bonificable. Asimismo, se establece la incorporación total de las sumas no remunerativas al salario básico durante el año en curso.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá recomponer los montos de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándose por la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Además, se establece un incremento progresivo en la cantidad de becas.
Del mismo, establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas de gestión estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 bis de la Ley 24.521. Los informes elaborados por la AGN deberán ser remitidos de manera inmediata al Congreso de la Nación.
Por último, intima al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios, tal como lo establece la Ley 24.156. En ese marco, se prevé la adecuación de partidas para actualizar, al 1 de enero de 2025, el presupuesto destinado a las universidades públicas.
¿Se aplica?
El Gobierno nacional amenaza con hacer lo mismo que lo que hizo con la Ley de Discapacidad: promulgarla, pero no aplicarla, lo que puede generar un antecedente grave.
Las universidades ya se preparan para ir a la Justicia en caso de que el presidente Javier Milei siga con esa postura de incumplir la ley aprobada.
