Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario
Promulgaron las leyes, pero postergaron su aplicación
Luego de los rechazos a los vetos y la ratificación de los proyectos originales, el Gobierno suspendió la aplicación hasta que el Congreso asigne fondos específicos
El Gobierno promulgó, por un lado, la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y nodocente, y por el otro, la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año.
Sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Esta decisión fue oficializada con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. De esta manera, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones, debido al “impacto fiscal que traería a las cuentas del Estado”.
Ley de Financiamiento Universitario
Fue sancionada tras la insistencia del Congreso pese al veto presidencial previo y apunta a sostener, del presupuesto universitario en todo el país, la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición de los salarios del personal docente y no docente.
Por esta razón, uno de los puntos centrales de la ley es la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, que deberán ajustarse bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El decreto detalla que, entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024, la variación del IPC fue del 34,89 %, lo que implica un costo adicional estimado de $123.358.213.085 para el ejercicio en curso. Para el año 2025, el costo total estimado de la ley asciende a $1.069.644.600.000, mientras que para 2026 se proyecta en $2.008.377.852.000.
En lo que refiere a los salarios, a ley ordena que los sueldos del personal docente y no docente se actualicen en un porcentaje no inferior al IPC para el período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Sobre esto, el Gobierno argumentó que, en ese lapso, los salarios aumentaron un 128,49 %, mientras que la inflación acumulada fue del 220,45 %.
La ley también establece la recomposición y actualización automática de los programas de becas estudiantiles.
Ley de Emergencia Pediátrica
Busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil y fortalecer los sistemas de residencias médicas.
Entre sus puntos principales establece: la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica.
El costo fiscal estimado para la implementación de esta legislación asciende a $196.270.000.000, una cifra que, según el decreto, supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, que presenta un déficit de $102.400.000.000.
En ambos decretos, el Gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación “no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican ambas leyes”, incumpliendo lo dispuesto por la Ley N° 24.156. Por ello, su ejecución “queda suspendida hasta que se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional”.
