Cuestionan al ministro Petri por la venta del predio del Ejército en el camino a La Calera

El titular de Defensa, Luis Petri (foto inferior), quedó nuevamente en el centro de la escena, al ser cuestionado por el proyecto que implicaría la venta de unas 13.000 hectáreas en la zona del camino a La Calera, el predio, situado a solo 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba, que históricamente ha pertenecido al Ejército, se ubica entre las avenidas Ejército Argentino y Fuerza Aérea Argentina.

La probable venta de esos terrenos, en una zona codiciada por el negocio inmobiliario, ya originó un pedido de explicaciones en el Congreso, presentado por el diputado Oscar Agost Carreño, del PRO.

El poder de la codicia

Se trata de un área de alto valor inmobiliario, rodeada de barrios privados y emprendimientos exclusivos, que podría convertirse en un negocio muy rentable para el sector privado.

La operación, que hasta ahora no ha sido formalizada, suma más dudas sobre la gestión de Petri, quien ya es cuestionado por el derrumbe de la obra social militar, vínculos con contrataciones bajo investigación judicial y su doble rol como ministro y candidato a diputado por Mendoza.

Enajenación de tierras públicas

Según trascendió, la iniciativa habilitaría el traspaso de una franja de tierras del Ejército, rodeada de barrios cerrados y emprendimientos de lujo, lo que podría transformarse en un negocio multimillonario para el sector privado.

Aunque la operación aún no fue oficializada, legisladores opositores advierten sobre un posible vaciamiento patrimonial del Estado, en un contexto donde ya pesan sobre Petri denuncias por manejos irregulares en su cartera. “Hay que garantizar transparencia absoluta. No se puede disponer de tierras públicas de esta magnitud sin control del Congreso”, señalaron fuentes parlamentarias vinculadas al reclamo.

Tensiones en el oficialismo

El escándalo se suma a una serie de controversias que rodean al funcionario mendocino, quien enfrenta críticas por el colapso de la obra social militar (IOSFA), presuntas contrataciones bajo investigación judicial y su doble rol como ministro y candidato a diputado nacional. Estos cuestionamientos reavivan las tensiones dentro del oficialismo, donde algunos sectores observan con preocupación el impacto político de la figura del ministro.

Hasta el momento, Petri no realizó declaraciones públicas sobre el caso, aunque en su entorno aseguran que “no existe ningún plan de venta en marcha” y que “todo se trata de una maniobra política”. Sin embargo, en Córdoba, el tema ya encendió las alarmas, tanto entre dirigentes locales como entre vecinos preocupados por el futuro de uno de los últimos pulmones verdes del área metropolitana.

Antecedentes en Capital Federal

Similar situación ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Estado nacional decidió poner a la venta el predio donde actualmente funcionan el supermercado Jumbo e Easy, en el barrio porteño de Palermo, lo que ocurrió a finales del mes de agosto.

El terreno, concesionado por el Ejército y perteneciente al Regimiento de Patricios, fue declarado “prescindible” por el Ministerio de Defensa.

Tales noticias despertaron la atención de la ciudadanía por su ubicación privilegiada y su vínculo con las Fuerzas Armadas. La licitación busca adjudicar la locación, aunque no se ha confirmado si Cencosud, actual operador, continuará como propietario.

La venta se inscribe en una política más amplia de enajenación de activos estatales vinculados a la defensa nacional, con el objetivo declarado de generar ingresos para fortalecer el capital operativo de las Fuerzas Armadas.

“Hacer caja”

Sin embargo, el proceso despierta interrogantes sobre el destino real de los fondos, el impacto en la planificación territorial militar y el avance de actores privados sobre espacios históricamente reservados para funciones logísticas o estratégicas. El caso del predio en Palermo se suma al de otro inmueble operado por Cencosud en La Plata, también puesto en venta por el Estado.

En un contexto de ajuste fiscal y presión por divisas, el Gobierno busca “hacer caja” con activos considerados no esenciales; pero el carácter simbólico y funcional de estos espacios exige un debate más profundo sobre el modelo de defensa que se quiere construir y el rol del Estado en la gestión de su patrimonio estratégico.