Fiscales rechazaron decisión de Luis Petri

Treinta y seis fiscales federales expresaron su preocupación frente a la decisión de Luis Petri de desmantelar el área del Ministerio de Defensa que investiga los crímenes de la dictadura. En una nota remitida al procurador interino, Eduardo Casal, los representantes del Ministerio Público dijeron que la falta de relevamiento y análisis de los archivos que están en poder de las Fuerzas Armadas irá en desmedro de las causas por crímenes de lesa humanidad.

El 27 de marzo pasado, el Ministerio de Defensa echó a 10 de los  13 expertos que integraban los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental. Los equipos habían sido creados en 2010, durante la gestión de Nilda Garré, después de que Cristina Fernández de Kirchner desclasificara la documentación sobre el período 1976-1983. Su conformación perseguía un objetivo claro: contribuir con las investigaciones por crímenes contra la humanidad, que se habían reabierto definitivamente después del fallo Simón de la Corte Suprema en 2005.

Los ERyA funcionaron durante los gobiernos de CFK, Mauricio Macri –aunque mermados– y Alberto Fernández. Petri, después del 48º aniversario del golpe, decidió desmantelarlos. Públicamente, dijo que lo hacía porque eran un “grupo parajudicial” orientado a hacer “macartismo” dentro de las Fuerzas Armadas. Además, deslizó que no sabía a quiénes respondían sus integrantes -todos profesionales civiles-.

Voceros de Petri dijeron que estaban haciendo una auditoría porque, según su entendimiento, los equipos se dedicaban a perseguir a familiares de personalidades públicas como el padre de Victoria Villarruel.

La determinación de desarmar los equipos fue repudiada por organismos de Derechos Humanos, así como por legisladores de Unión por la Patria y del FIT. La novedad es que se sumaron ahora los fiscales que impulsan las causas por esos crímenes.