La UCR, contra trabajadores

El radicalismo presentó al Gobierno su propuesta de reforma laboral, tras semanas de negociación para incorporar el tema en la nueva Ley Ómnibus, luego de que el Poder Judicial frenara la modificación exprés que el presidente Javier Milei intentó vía el DNU 70/2023.

La presentación de la UCR ocurrió en paralelo con el anuncio de la CGT de un nuevo paro general para el 9 de mayo, tras una poco fructífera reunión con el Gobierno en Casa Rosada, donde las diferencias sobre este punto quedaron marcadas. 

La propuesta del radicalismo avanza en una reducción de las contribuciones patronales, modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, y sobre la libertad sindical. También propone incorporar a la Educación como "servicio esencial" para limitar las medidas de fuerza, además de apuntar contra la "litigiosidad" laboral. En este último punto, la propuesta radical propone la modificación del sistema de indemninización por un "fondo de cese laboral" o "seguro de desempleo"; y la extensión de los períodos de prueba a 6 meses, sin derecho a indemnización. Se trata de "cambios estructurales en la legislación laboral argentina, enfocándose en la actualización y simplificación del marco normativo para enfrentar los desafíos del mercado laboral contemporáneo", sostiene la propuesta del bloque presidido por el cordobés Rodrigo de Loredo; que mantiene su interna y diferencias de posición con los legisladores referenciados con Facundo Manes.

El bloque radical considera que las modificaciones propuestas aportarán a combatir la "alta tasa de informalidad laboral, desempleo, precarización laboral, y pérdida del poder adquisitivo de los salarios". Entre las propuestas ensayadas en un borrador de 44 artículos, el radicalismo dispone, con el objetivo de reducir la informalidad, la reducción de las contribuciones patronales, atándolas a al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y no a una evolución del índice de precios como en el articulado actual, en empresas de hasta cinco empleados.

En otro capítulo, titulado "Reducción de la litigiosidad", el bloque, presidido por el extitular de ARSAT, propone "la derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad" y la reducción de las multas para los empleadores, un pedido hecho por las cámaras Pymes que acompañaron la primera propuesta del Gobierno de Milei.