Cae el intento de liberar a genocidas
La Cámara de Casación rechazó el beneficio para los condenados mayores de 70
Dos abogados de represores, solo un día después de que asumieran Javier Milei y Victoria Villarruel, se presentaron en el tribunal que toma las decisiones sobre las causas de lesa humanidad, es decir, la Cámara Federal de Casación, con el objetivo de que definieran las reglas para que los mayores de 70 años puedan acceder a la detención domiciliaria. Sin embargo, este beneficio no era un problema de urgencia por el 77% de los detenidos por crímenes de lesa humanidad está ya en sus casas. Lo que se buscaba en realidad era un gesto de la Justicia en el mismo tenor de las ideas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, la Casación rechazó el pedido, a solo dos días de que se cumplan 48 años del golpe de Estado y, de esta manera, se desbarató la idea y principal apuesta libertaria de socavar el proceso de Verdad y Justicia.
Para conseguir lo anterior, los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, decidieron tomar el caso de Diego Chemes, y pedirle así a la Cámara de Casación un plenario donde se discutieran los alcances de la domiciliaria para adultos mayores. Hay que recordar que Chemes fue un agente del Servicio Penitenciario que actuaba en el campo de concentración Vesubio, ubicado en el partido de La Matanza, donde se lo conocía como “Polaco”, pero era un genocida bastante desconocido. El tema es que si prosperaba esta acción, podía ser la clave para que otros genocidas mucho más notorios, como podrían ser Alfredo Astiz o Jorge Acosta, este último conocido como el Tigre, en uno de los más tristemente célebres centros de detención clandestina durante la dictadura, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La búsqueda de que los procesos y condenados por lesa humanidad obtengan, con el incesante empeño de sus abogados, concesiones de Casación viene de hace años. Incluso, en 2022 pidieron una entrevista en la Cámara después de que el entonces presidente del tribunal, Alejandro Slokar, organizara una reunión con Madres, Abuelas, Hijos, Familiares, el Centro de estudios Legales (CELS), algunos organismos más.
El pedido de los abogados Chemes se rechazó en el acuerdo de Superintendencia, que es cuando se reúne el titular de la Casación, Mariano Borinsky, junto a los presidentes de las cuatro salas. El texto circuló desde la semana pasada entre los distintos jueces, y al final fue firmado este viernes por Borinsky, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Daniel Petrone.
La decisión de la Casación llegó en la previa de la marcha del próximo domingo y entre versiones de que el Gobierno podría otorgar alguna concesión a los represores presos.
