Ley Ómnibus y Pacto de Mayo

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, insistió en que la Unión Cívica Radical (UCR) respaldará el DNU impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que confirmó así a otro aliado clave para aplicar las reformas económicas planeadas. Al término de una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en Casa Rosada, Cornejo contó además que la administración libertaria tiene intenciones de compartir con los mandatarios provinciales y los bloques legislativos los detalles de la nueva Ley Bases, mejor conocida como Ley Ómnibus, contemplados en un borrador al que tendrán acceso en la previa de su envío al Congreso.

Cornejo explicitó que sus legisladores respaldarán el DNU en el Congreso, aunque pidió sacar algunos temas, como el capítulo laboral y el fiscal, para ser tratados por ley. “La mayoría de los diputados y los senadores radicales, por lo que converso con ellos, si se lo somete a votación, van a votar a favor (del DNU). Y creo que es una señal positiva”, planteó.

Sin embargo, en medio de las negociaciones con la Rosada por el Pacto de Mayo, los gobernadores salieron a jugar fuerte y con dos movimientos de unidad le marcaron la cancha a Milei. Desde Axel Kicillof hasta Jorge Macri, pasando por Gustavo Valdés, Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Martín Llaryora, todos los dirigentes consensuaron el contenido del texto que afirma que “el narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial, sino porque es un problema de todos”. Una vez más, la unidad llegó mediante el espanto.

Pero no fue lo único. Los seis mandatarios patagónicos, Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Rolando Figueroa (Neuquén), y Sergio Ziliotto (La Pampa) movieron sus fichas.

"YCRT de los argentinos" se titula la publicación compartida por los jefes provinciales, en la que declaran su oposición a la privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), una de las empresas que el Gobierno considera prescindibles para el Estado.