Congreso policial

“Es una especie de estado de sitio dentro del Congreso. No ocurrió nunca antes”. De esa manera, un viejo empleado del Congreso evaluó la Resolución 11/24 firmada ayer por los titulares de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, sobre la jornada de apertura de sesiones ordinarias.

El texto de tres páginas, virtualmente, le entrega la seguridad interna a la Policía Federal y no, como ha sido habitual, a los empleados de seguridad del propio Congreso.

Además, prohíbe que los empleados circulen por el edificio, incluyendo a los de Mayordomía y Maestranza, impide que nadie acceda al recinto, mucho menos al estrado, y tampoco los empleados pueden ubicarse en los palcos. Ni siquiera los periodistas están habilitados a moverse libremente: deben ubicarse en un corralito. El texto tiene un fuerte olor a disciplina militar o tal vez responda a aquellas manías de Javier Milei, quien se quejaba por el ruido en los estudios de televisión. Por supuesto que el personal del Congreso ya está sorprendido -y disgustado- por el cambio de horario. Lo tradicional era que la sesión fuera al mediodía y  al finalizar se disponía un asueto.

Se sabe ya que Milei pidió un atril para hacer su discurso de pie y un poco al estilo norteamericano. Lo que no se sabe es el contenido del discurso del presidente.

Trascendió que será un discurso breve, de alrededor de 40 minutos. Milei solicitó a cada ministro informes sobre qué encontraron en sus áreas y qué mejoras introdujeron en lo que va de su Gobierno.  Como es habitual, ocupará una parte del tiempo en reseñar la herencia -identificando lo que considera los hechos más ejemplificadores del abuso y mal uso de los fondos públicos- y directrices generales de la transformación que aspira lograr en sus cuatro años en el poder.

Milei siente que los argentinos valoran su lucha contra “la casta”, a pesar de que la gran mayoría de la población está sufriendo un fuerte ajuste en sus ingresos. Al respecto, el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella, en febrero, consigna que la gestión oficial cuenta con un 51% de confianza. Y el ajuste aún no mostró toda su cara.