La Justicia le ordenó al Gobierno frenar desmantelamiento en áreas de género
El juez Enrique Alonso Requeira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, hizo lugar a una medida cautelar que frena los despidos en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ).
La resolución que firmó Requeira apunta a que el Estado nacional no presentó en el expediente judicial constancia sobre la garantía de la prestación mínima obligatoria en los términos establecidos en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, ni ha mencionado o detallado la forma en la que se está cumpliendo con las prestaciones referidas.
Otra falencia que señaló el magistrado refiere a que las autoridades tampoco explicaron en qué consiste la reorganización a la que alude, ni de qué manera esa nueva estructuración permitiría cumplir el deber de garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El planteo judicial fue presentado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), de Ni Una Menos (NUM), de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), de Mujeres por Mujeres (MxM), de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El Ejecutivo deberá abstenerse de reducir la cantidad de recursos humanos y la infraestructura institucional afectada al trabajo de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia. Además, deberá sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de esos organismos.
