La ONU y la OIT nos miran

El apremio del Gobierno nacional por obtener dictamen y alcanzar la media sanción de la Ley Ómnibus va sumando obstáculos. Al pedido de los gobernadores de Santa Fe y Córdoba para que se quite el pretendido incremento de retenciones a productos agropecuarios, se sumó ayer el pedido de un alto mandatario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de participar del debate en comisiones.

En efecto, Jan Jarab, representante regional para América del Sur de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, envió una solicitud a los titulares de las tres comisiones que conforman el plenario que se encuentran debatiendo la Ley Ómnibus. “La Oficina reconoce un espacio clave de diálogo y análisis la que están llevando a cabo en estos días y, en tal sentido, quisiéramos presentar la perspectiva que emana de nuestro mandato. Esto es, de las obligaciones y estándares internacionales de los Derechos Humanos”, expone el documento.

En ese marco, el diputado Germán Martínez (de Unión por la Patria) elevó al presidente de la Comisión de Legislación General, el legislador libertario Gabriel Bornoroni, la solicitud para que Jan Jarab pueda “exponer de manera virtual ante el plenario de comisiones”.

Ingreso de tropas extranjeras

El debate de ese megaproyecto continuará durante este verano ya que el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Nicolás Posse oficializaron la prórroga de las sesiones extraordinarias en ambas cámaras del Congreso, que además se encuentran abocadas a otros proyectos de ley (uno por cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, otro por el que se sustituye el Capítulo II –Defensa Nacional- del Título IV –Seguridad y Defensa- del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y un tercero modificatorio del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la Prevención y Represión del Lavado de Activos).

Por otra parte, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) de la ONU, pidió explicaciones al Gobierno nacional por multar con $40.500.000 a un gremio para costear el operativo de seguridad desplegado en la marcha del pasado 27 de diciembre.