Jujuy: la Secretaría de DD.HH. será querellante en causa por represión
La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa que investiga las responsabilidades de la represión en la provincia de Jujuy, y advirtió ayer que el Gobierno de Gerardo Morales está "exponiendo al Estado argentino a graves sanciones de organismos internacionales", como las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado, se informó que "asumiendo las obligaciones internacionales del Estado argentino, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa en la cual se deberán investigar las responsabilidades de la violenta represión y sus consecuencias, como las lesiones gravísimas a personas que incluso han perdido alguno de sus ojos", y recordó que el pasado 20 de junio, "ante la represión llevada a cabo por el gobernador Gerardo Morales, la CIDH había llamado la atención al Estado argentino exigiendo respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios".
La Secretaría agregó que la CIDH “en cuanto a los cortes de ruta, recuerda al Estado que estos son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta” y remarca que “es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”.
Por su parte, las Naciones Unidas exhortó al Estado a “investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy” y consideró que “también deben redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos”.
Asimismo, la Multisectorial Contra la Reforma de la Constitución, integrada por gremios, pueblos originarios, organizaciones sociales y gauchas de Jujuy, reclamaron ayer contra el avance de una "campaña pública de intimidación, extorsión y amenazas" del gobierno de Gerardo Morales, por la difusión de listas de manifestantes con multas contravencionales que busca aplicar bajo sentencias que calificaron como "exprés".
