La Corte le puso freno a la democracia

La Corte Suprema de Justicia suspendió ayer las elecciones de gobernador previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, en una decisión que el Gobierno nacional repudió por considerarla como "una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias" frente a "posibles triunfos del peronismo" en esas jurisdicciones.

El máximo tribunal, con la firma de tres de sus cuatro integrantes, respondió con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional, Juan Manzur, a vicegobernador de Tucumán, y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las constituciones provinciales.

Los planteos opositores apuntan a impedir la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo -uno como vicegobernador y tres como gobernador- y que Manzur integre por quinta vez la máxima jerarquía del Ejecutivo provincial, lo cual, a juicio de los de demandantes, choca contra los principios de la alternancia.

Para fundamentar la suspensión de los comicios, la Corte citó un fallo anterior del mismo tribunal en el que consideró un deber tutelar "la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder", según la resolución.

Una vez conocido el fallo, la Presidencia de la Nación emitió un comunicado en el que sostuvo que la Corte incurrió "es una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias".

"La Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo", señaló el Gobierno nacional.

"Estamos junto a los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur frente a este nuevo atropello y vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos. Es imperioso que la Corte de Justicia de la Nación deje de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar", añadió.

En Tucumán, el recurso de amparo fue interpuesto por el "Partido por la Justicia Social", que lideran el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, quien pertenece a Juntos por el Cambio (JxC) y es candidato a vicegobernador, y su esposa, la senadora nacional Beatriz Ávila, también de la coalición macrista.

En tanto, en San Juan, la objeción -a través de un pedido de acción declarativa de certeza- fue de la agrupación "Evolución Liberal", del candidato a gobernador Sergio Vallejos Mini, alineado con Javier Milei.

En el caso de Manzur, la oposición cuestiona su postulación ante el hecho de que fue dos veces vicegobernador en el mandato de José Alperovich, dos veces gobernador y que ahora busca volver al Ejecutivo provincial acompañando a Osvaldo Jaldo.

La cautelar, firmada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, sostiene que Manzur no respetaría la obligación de dejar pasar un período luego de dos mandatos, tanto para gobernador como para vice.

Ante la posibilidad de que se esté vulnerando el artículo 90 de la Constitución tucumana, la Corte decidió conceder el amparo y ordenó suspender las elecciones para esos cargos hasta tanto se dicte un "pronunciamiento definitivo".

En el caso de San Juan, el fundamento de la oposición contra el actual gobernador fue que la Constitución provincial admite dos reelecciones consecutivas y que, habiendo sido ya Uñac dos veces gobernador y una vice, agotó su cupo en el Ejecutivo.

En el fallo sobre San Juan, la Corte aceptó que la "trascendencia institucional que reviste el planteo efectuado" exige "abreviar los plazos", y fue por ello que dio un plazo de cinco días a ambos distritos para que envíen los informes del caso al máximo tribunal.

"Esta Corte debe asegurar preventivamente que cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea aún posible dentro del sistema representativo republicano que las provincias se comprometieron a garantizar", aceptaron Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, sin la firma de Ricardo Lorenzetti, de viaje por Europa.

Tanto Manzur como Uñac obtuvieron el aval judicial en las provincias para sus postulaciones, que habían sido cuestionadas por las fuerzas de la oposición.

"Esta medida de orden excepcional -señalaron los jueces supremos- se dicta en el entendimiento de que nuestro texto constitucional garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones y la elección de sus autoridades sin intervención del Gobierno federal", pero la existencia de una denuncia sobre la vulneración del principio de la alternancia hizo "imperiosa" la intervención de la Corte.

Suspender elecciones daña el sistema democrático

Los especialistas jurídicos Graciana Peñafort y Andrés Gil Domínguez señalaron ayer que las cautelares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán "ponen en peligro el Estado de derecho" y "genera un daño gravísimo al sistema democrático".

"Las instituciones están funcionando mal y lo que estamos viendo son precisamente las consecuencias de ese mal funcionamiento, que pone en peligro el Estado de derecho", señaló la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort.

La especialista indicó que la ley 48, que determina las jurisdicciones y competencia de los tribunales nacionales, "dice que la única manera que puede intervenir la Corte en este tipo de casos es cuando hay sentencia firme de los tribunales de provincias". Y ratificó: "No es una decisión de la Corte".

Tanto Manzur como Uñac obtuvieron el aval judicial en las provincias para sus postulaciones, que habían sido cuestionadas por las fuerzas de la oposición.

En tanto, el abogado Andrés Gil Domínguez publicó en Twitter "algunas breves reflexiones constitucionales" en torno a la medida cautelar dictada por la mayoría de la Corte Suprema de Justicia.

"Desde el punto de vista constitucional, la CSJ está habilitada para dictar estas medidas cautelares, aunque tengan una argumentación escuálida en relación con lo que resuelven. El problema es el manejo político que hace el tribunal de un instrumento jurídico válido", indicó Gil Domínguez.

Y aseveró que "suspender preventivamente una elección de autoridades provinciales, a 5 días de su realización, cuando sobró tiempo para resolver el fondo de la cuestión, genera un daño gravísimo al sistema democrático argentino y pone en crisis la argumentación jurídica utilizada".