La CGT convocó a un paro nacional para el 24 de enero, con marcha al Congreso, contra el DNU

El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT declaró ayer un paro general nacional a partir de las 12 del miércoles 24 de enero, que incluirá una masiva movilización al Congreso, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, dictado por el Gobierno de Javier Milei, informaron fuentes gremiales.

El Confederal aprobó una huelga nacional de 12 horas, con movilización hacia el Congreso, la realización de un plenario de delegaciones regionales en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 el próximo 10 de enero, una presentación judicial en rechazo del DNU y solicitar reuniones con todos los bloques parlamentarios de ambas cámaras legislativas para debatir "su acompañamiento" contra esa medida y la Ley Ómnibus.

También el Confederal decidió mantener reuniones con las otras centrales obreras (CTA y su par autónoma) para articular medidas conjuntas y facultó al consejo directivo nacional a aprobar "las medidas pertinentes en la oportunidad que requiera la actual situación".

El máximo órgano ejecutivo de la central sindical sesionó ayer para analizar la instrumentación de un plan de lucha y, ante la presión de la mayoría de las organizaciones confederadas.

Fuentes gremiales habían señalado que la aplicación de ese plan de acción iba a ser "gradual" e iba a comenzar con "el ejercicio de la presión sobre la totalidad de los bloques parlamentarios de ambas cámaras legislativas".

También habían asegurado que la CGT iba a "monitorear" el clima social durante todo el mes de enero y, probablemente, declarar una huelga nacional para febrero próximo, pero la presión de las entidades sindicales determinó fijar la fecha para el 24 de enero.

Tanto el cotitular de la central obrera, Héctor Daer, como el jefe de la Asociación Bancaria (AB) e integrante del consejo directivo de la CGT, Sergio Palazzo, habían anticipado al ingresar a la sede de Azopardo respecto de la posibilidad de declarar ayer un paro nacional a partir de "las consecuencias nocivas de este DNU".

Palazzo reclamó a la Justicia que observe "con mucho detenimiento" esa iniciativa del presidente Javier Milei, porque la medida atenta contra "la situación de los trabajadores", a la vez que denunció que "arrogarse las facultades de legislar durante dos años, con posibilidad de extenderlo otros dos más, significa eliminar prácticamente el Congreso".

Daer había señalado a la señal TN que "la incorporación del DNU a la Ley Ómnibus aumentó la maldad de forma exponencial", y aseguró que "el presidente reclamó facultades muy amplias hasta declarar una guerra total durante dos años".

Según trascendió, el objetivo de haber elegido esa fecha (24 de enero) es para que la medida de fuerza coincida con la previa a la votación en el parlamento del paquete económico de Javier Milei.

Hoy entra en vigencia y la Justicia, ni mu

En tanto, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica, dictado por Javier Milei, entrará en vigencia hoy sin que la Justicia haya aún dado curso de manera favorable a reclamos de medidas cautelares que lo suspendan, en el marco de una treintena de amparos presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.

En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires había hasta ayer al mediodía al menos 25 amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la justicia del Trabajo.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari, rechazó ayer disponer una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad porque "al día de la fecha, las disposiciones del DNU 70/2023 no han entrado en vigencia", según la resolución.

Por su parte, la CGT apeló la decisión del juez nacional del Trabajo, Ignacio Ramonet que desestimó el miércoles el dictado de una medida cautelar "interina" que suspenda el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia.

El magistrado concedió la apelación, habilitó días y horas inhábiles del 28 y 29 de diciembre y ya giró el expediente a la sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Una Ley Ómnibus que se lleva puesto todo

El Partido Justicialista (PJ) advirtió ayer que la Ley Ómnibus enviada al Congreso por el Gobierno de Javier Milei "avasalla derechos adquiridos y condena a los argentinos a una crisis más profunda", y acusó al jefe de Estado de pretender "apropiarse de las facultades del Poder Legislativo, pisoteando la Constitución Nacional y la división de poderes".

A través de un comunicado, el Justicialismo rechazó el proyecto de ley oficial al considerar que "profundiza y amplía el inconstitucional DNU 70/2023 que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes laborales y allana el camino a la privatización de las empresas públicas, lo cual representa una pérdida de derechos y de soberanía para los argentinos". Para el PJ, "lejos de plantear una solución a la grave situación que atraviesa nuestro país", el proyecto enviado "agrava los problemas de los argentinos imponiendo un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que ya ha sido aplicado en otros momentos de la historia, y que provocó enormes tragedias sociales".

El peronismo denunció que Milei pretende, además de "apropiarse de las facultades del Poder Legislativo, pisoteando la Constitución Nacional y la división de poderes", "reducir la representación de las provincias en el Congreso, dando por tierra con la paridad de género y la multiplicidad de voces". El paquete de iniciativas oficiales también "remarca la primarización de la canasta exportable; eleva las retenciones a los derivados de soja; pone en venta el patrimonio de todos los argentinos y argentinas privatizando las empresas públicas, y habilita al Gobierno nacional a endeudarse sin necesidad de consultar al Congreso".

"También justifica el despido de miles de trabajadores del sector público que actualmente sostienen políticas públicas que resultan esenciales para garantizar derechos, permite la entrada de tropas extranjeras al país sin autorización del Congreso, dispone la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES al Tesoro Nacional para utilizar la plata de todos los jubilados en la timba financiera; y elimina la fórmula jubilatoria para establecer aumentos discrecionalmente por decreto". Por eso, el PJ advirtió que el proyecto avasalla derechos adquiridos y condena a los argentinos a una crisis más profunda.