Los buitres quieren acciones de YPF

A solo dos días del resultado de la segunda vuelta electoral, y con la ratificación mediática de la intención del presidente electo Javier Milei de privatizar YPF, la jueza estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, concedió atribuciones a Argentina en la causa por la nacionalización de la petrolera. Mientras se espera una sentencia firme para el fallo que obliga a la República a pagar 16.100 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital por la forma en que se nacionalizó la compañía en 2012, accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio, que era imposible de pagar por el país. A cambio, sugirió que aporte otros activos (como participación accionaria y deudas a cobrar) antes del 5 de diciembre, como garantía para evitar embargos.

Entre los activos que solicitaron los buitres como alternativa al bono de 16.100 millones de dólares de fianza se encuentra el 26 por ciento de la participación accionaria que tiene el Estado Nacional (el 25 restante es propiedad de las provincias) en la compañía y un crédito a cobrar por parte del Gobierno de Paraguay en la construcción de la represa generadora de energía binacional de Yacyretá. También intentaron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que la jueza omitió porque la ley argentina exige que los fondos de pensiones "solo podrán destinarse al pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino".

Preska, que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, le había puesto número,  en septiembre, a un proceso que ya lleva ocho años de disputa entre el fondo buitre Burford Capital y la República Argentina, cuya defensa y apelaciones están en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini.

La jueza había determinado que Argentina debe pagarle al fondo buitre Burford 16.100 millones de dólares (entre intereses y capital) por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la Presidencia de Carlos Menem. El país se comprometía a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

La República avisó que utilizará la primera de las dos instancias de apelación que tiene, por lo que el juicio aún no cuenta con sentencia firme. En tanto, pidió a la jueza eximirla de la fianza de un bono de 16.100 millones de dólares a ejecutarse en caso de que la sentencia quede firme, que exigen los demandantes, manifestando que la República no podría hacer el pago, ya que impondría un daño irreversible a una población que ya padece "una elevada inflación". 

Este martes, y en un escrito de once páginas, Preska le concedió a Argentina la obligación de pagar los 16.100 millones de dólares de fianza. En cambio, le sugirió que tiene hasta el 5 de diciembre para depositar activos alternativos para proteger en cierta medida los intereses de los demandantes.

En el escrito, Preska nombra tres activos que los demandantes propusieron como garantía de la deuda. En primer lugar, el fondo buitre apuntó al Fondo de Garantía de Suntentabilidad, creado en 2007, luego de la estatización del sistema previsional, para tener un fondo contracíclico que puede utilizarse para sostener el pago de las jubilaciones frente a eventuales crisis económicas y sociales. Sin embargo, la jueza Preska advirtió que "la ley argentina 26.425 exige que los fondos de pensiones solo podrán destinarse al pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino, y el Tribunal considera que esta propuesta no es viable".