Avanzan con la estrategia

El Frente de Todos (FDT) prepara en la Cámara de Diputados su estrategia para enfrentar una de las etapas cruciales del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, que es la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La Comisión de Juicio Político que conduce la legisladora oficialista Carolina Gaillard tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen que propondrá el FDT para establecer la admisibilidad de los pedidos de juicio político.

En la primera reunión, realizada el jueves pasado, el oficialismo logró quorum propio para iniciar el debate, pese al intento de los representantes de Juntos por el Cambio (JxC) de boicotear el inicio de las sesiones. El quórum fue posible gracias a una bancada abroquelada detrás de la postura de impulsar el proceso de remoción de los cuatro ministros del máximo tribunal del país. Tras amagar con ausentarse cuando se anunció la presentación del proyecto del oficialismo, los legisladores del interbloque opositor terminaron asistiendo al debate en la Comisión y esto fue leído desde el FDT como una legitimación del procedimiento de juicio político a los integrantes de la Corte, que impulsa el Gobierno nacional con el apoyo de gobernadores.

La primera reunión de la Comisión marcó el pulso que tendrá este proceso legislativo, que desde su arranque se caracterizó por los fuertes cruces que mantuvieron los representantes del oficialismo y del JxC.

El oficialismo descuenta la presencia mayoritaria de sus 16 diputados en todas las reuniones, y voceros del FdT aseguran que eso es lo que sucederá el próximo jueves, a partir de las 11, cuando se presenten los autores de los 14 proyectos formulados para conseguir remover a los cuatro integrantes del alto tribunal.

Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables y también por reponer, después de 16 años, la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.