La Corte, en el banquillo y a la espera

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos), inició ayer, con quorum reglamentario, su primera reunión para comenzar a resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores.

Al iniciar la reunión, la diputada del FdT precisó que, el jueves 2 de febrero, los integrantes de la Comisión recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.

"Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la Comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que sí tienen la justicia", afirmó la diputada oficialista al abrir la reunión en la sala 1 del Anexo de la Cámara Baja.

Precisó que "una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso".

En ese marco, Gaillard afirmó que, "en caso de que la admisibilidad sea favorable, estaríamos en condiciones de aprobar la admisibilidad que iría al recinto" y leyó el resumen de cada uno de los 14 expedientes que se van a analizar.

Luego, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica (CC), vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, anticipó que ese espacio va a proponer "una serie de invitados para discutir la admisibilidad, porque las últimas causales son claramente discutibles".

Desde el oficialismo le respondió el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien aclaró que siempre la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas".

Por su parte, el diputado del PRO, el mendocino Omar De Marchi, dijo que se niega a "analizar esto (el pedido de juicio político a la Corte) como si formara parte de la agenda central de la Argentina".

El legislador consideró que se trata de "una puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente (Alberto Fernández), que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario".

"No venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer", afirmó Martínez, al señalar que "no andamos en conciliábulos nocturnos. Para eso está Lago Escondido, no venimos a eso", aseveró el jefe de la bancada del FDT.

Desde la Izquierda, Miriam Bregman advirtió que "esto tiene mucho montaje, en esas ganas de buscar un motivo de despolarización aparece esta iniciativa que le conviene a JXC".

A su turno, el diputado nacional del FdT, Leopoldo Moreau, rechazó las acusaciones de De Marchi sobre la existencia de un "circo mediático" por parte del oficialismo y dijo que "estamos ejercitando una facultad constitucional".

"Acá no hay ningún tipo de circo, se dice circo porque los pitonisos adelantan que no vamos a tener los dos tercios. Este juicio no se hace a la Corte, sino a sus integrantes", sostuvo Moreau.

El oficialismo cuenta con el número necesario en la Comisión de Juicio Político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara Baja.

El jueves que viene

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuará su actividad el próximo jueves con el testimonio de los autores de los 14 expedientes que se analizan en el marco del proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales, cinco son de diputados nacionales; dos, de una senadora; y siete, de particulares.

Los diputados que expondrán sobre sus expedientes serán Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo; en el primer caso, contra Carlos Rosenkrantz; y en los dos restantes, contra los cuatro integrantes del máximo tribunal; y Paula Oliveto, por los dos escritos impulsados por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti.

La senadora Juliana di Tulio (FdT) hará lo propio en relación con los dos expedientes que impulsa contra los cuatro miembros y Rosatti en particular.

En cuanto a los particulares, estarán representantes de la Asociación Argentina de Juristas, que solicitó juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte, y de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, que lo hizo contra Rosenkrantz y Lorenzetti.

Los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos con relación al pedido que realizaron contra los cuatro integrantes, y Pablo Llonto y Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados con relación al desempeño de Rosattti.

En cuanto a las causales que se abordarán, se enumeran el fallo sobre la coparticipación federal y el que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Se cuestiona el fallo para aplicar el cómputo de "2x1" a un represor de la última dictadura militar y se considera que existe una serie de "incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

También hay acusaciones contra Rosenkrantz por sus intervenciones en causas en las que estaban involucradas empresas para las que había trabajado como abogado defensor.

En tanto, representantes de entidades Pymes de sectores productivos y profesionales de todo el país firmaron una carta dirigida a los legisladores para respaldar el proceso y asegurar que "es una instancia de la democracia y no del privilegio de impunidad".

De esta manera, salieron al cruce de la carta firmada por 500 empresarios para defender a los supremos.