La teoría de la inteligencia previa cobra fuerza

La aparición de una decena de imágenes de un carrito de copos de nieve en inmediaciones de la vivienda de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los días previos a que intentaran atentar contra su vida fortaleció ayer la hipótesis investigativa que señala que los agresores realizaron medidas de inteligencia previa.

Ocurre que Brenda Uliarte, la pareja del atacante Fernando Sabag Montiel, solía trabajar en la venta de copos de nieve, tal como lo manifestó en una entrevista concedida a Telefe, en el que además presentó a un grupo de supuestos compañeros de trabajo con los que compartía el emprendimiento.

Una serie de imágenes que ya están en manos de los investigadores dan cuenta de la presencia del carrito a metros de la casa de la expresidenta desde el día siguiente al pedido de condena por parte del fiscal Diego Luciani, en el marco de la causa Vialidad, justo cuando comenzaron las manifestaciones de apoyo a Cristina.

"¿Qué hacía un carro de venta de copos de nieve en medio de una manifestación de apoyo frente a la puerta de la casa de la vicepresidenta en el corazón del barrio porteño de Recoleta? ¿Era una tapadera para realizar tareas de inteligencia y observar cómo se desarrollaban las manifestaciones y cómo se desenvolvía la exmandataria y su equipo de seguridad?".

Esas preguntas son algunas de las que se hacen los investigadores que, por ahora, trabajan con todas las hipótesis abiertas, según confió a Télam una fuente del caso.

La primera imagen, del 23 de agosto, permite ver a un grupo de personas que se manifiestan con una bandera de apoyo a Fernández de Kirchner mientras, de fondo, pueden observarse los copos de nieve.

La siguiente de las imágenes detectadas por los investigadores es del 27 de agosto y, otra vez, entre la multitud se ve que sobresale el mismo producto azucarado y teñido de pastel, según pudo observar esta agencia.

De ese día hay más de cinco  imágenes en las que se puede ver a los carritos cuyo significado se habría resignificado para la investigación: son imágenes de cámaras de seguridad, pero también de canales de televisión y hasta tomadas por militantes que participaron de las manifestaciones.

Las imágenes forman parte de un informe que recibió la jueza federal María Eugenia Capuchetti en cuyo Juzgado, además, también su equipo trabajó en la observación de videos y fotografías.

Nuevo allanamiento

En tanto, la Justicia Federal ordenó un nuevo allanamiento en la vivienda que habitaban Sabag Montiel y Uliarte.

La medida fue ordenada por la jueza Capuchetti tras un pedido formulado por el fiscal Carlos Rívolo y el objetivo era saber si en ese lugar quedaron elementos útiles para la investigación y que hubieran sido pasados por alto en el primer allanamiento.

Se trata de un monoambiente ubicado en la calle Uriburu al 700 en Villa Zagala, partido de San Martín, alquilado por Sabag Montiel hace ocho meses, adonde llegó a convivir con Uliarte.  En el primer allanamiento realizado en esa vivienda se encontraron las 100 balas distribuidas en dos cajas y una laptop y otros elementos.

Para el procedimiento se encomendó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fuerza a la que, según confirmaron fuentes de la investigación, la jueza le asignó una batería de medidas de prueba.

Sabag Montiel y Urliarte permanecieron detenidos luego de haber cumplido el acto de las indagatorias el martes por la noche, en las cuales se los acusó por el intento de asesinato de la vicepresidenta.

Las defensas oficiales de Sabag Montiel y de Uliarte no pedirán por el momento la excarcelación de los detenidos, a la espera de que la jueza Capuchetti resuelva sus situaciones procesales.

Apelación

Por su parte, la defensa de Cristina Fernández, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, apeló ayer la resolución que rechazó la recusación planteada contra los fiscales y contra uno de los integrantes del tribunal del juicio por la obra pública en Santa Cruz.

Beraldi había planteado que tanto el juez Rodrigo Giménez Uriburu, como los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, no debían continuar con sus funciones en el proceso penal por su cercanía con el expresidente Mauricio Macri.

Los funcionarios de justicia mencionados integraban un equipo de fútbol que jugó torneos en la quinta "Los Abrojos", del entonces presidente Macri.