Procesaron a Sabag Montiel y a Uliarte por intentar matar a Cristina
La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó ayer con prisión preventiva a Fernando Sabag Montiel (foto) y Brenda Uliarte por haber intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La jueza los sindicó como "coautores" del delito "tentativa de homicidio calificado", por el ataque concretado el 1 de septiembre pasado, cuando la exmandataria saludaba a los manifestantes que fueron a expresarle su apoyo a la puerta de su casa.
La magistrada entendió, además, que el delito que les endilgó a los dos imputados está "agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas", según surge de la resolución, de 96 páginas.
La magistrada mandó a trabar embargos sobre los bienes de ambos por 100 millones de pesos a cada uno.
Sabag Montiel (35) es el hombre que apuntó (y gatilló) cerca de la cabeza de la dos veces presidenta con un pistola Bersa calibre 32 que tenía cinco balas en el cargador, mientras Uliarte (23) es su pareja y aparece en la investigación como quien planificó el ataque junto al agresor, según surge de la resolución.
Ambos habían sido acusados de "haber intentado dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner - Vicepresidenta de la nación y presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contado para ello con la planificación y acuerdo previo".
El intento de asesinato ocurrió el 1 de septiembre cerca de las 21 "cuando la vicepresidenta se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar, ocasión en la que el imputado, aprovechando el estado de indefensión generado por la multitud, apuntó hacia su rostro (de la vicepresidenta) con una pistola semiautomática de acción simple", surge de la imputación.
Por esta causa también están detenidos Agustina Díaz y Gabriel Nicolás Carrizo.
Fuentes de la investigación aseguraron, por otra parte, que en el expediente ya se investiga si los atacantes contaron con fuentes de financiamiento, para la cual se dispusieron medidas como el levantamiento del secreto bancario de algunos de los imputados.
