Casación anula procesamientos a exmilitares por torturas a soldados en la guerra de Malvinas
La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento de tres exmilitares acusados de vejaciones y torturas a soldados durante la guerra de Malvinas en 1982, al ratificar que consideran prescriptos los hechos con base en un fallo que, en 2009, resolvió que no hubo delitos de lesa humanidad.
La decisión de la Sala I del máximo tribunal Penal Federal del país benefició a los acusados Eduardo Gassino, Miguel Angel Garde y Gustavo Calderini, cuyos procesamientos por el delito de "vejaciones" quedaron anulados, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la tercera integrante de esa sala, Ana María Figueroa, anularon lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ordenaron dictar una nueva resolución.
Casación hizo lugar así a planteos de la defensa de los procesados y de otro acusado con falta de mérito, Belisario Affranchino Rumi.
Por su parte, el abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, repudió ayer la anulación del procesamiento: "La decisión de la Cámara es una aberración jurídica que convalida la impunidad en clara oposición al derecho internacional, las torturas son violaciones a los Derechos Humanos", explicó Guerrero Iraola en diálogo con Télam y anticipó que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Tribunal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había confirmado los procesamientos el año pasado, al considerar que se cometieron delitos de lesa humanidad, en sintonía con el Juzgado de Primera Instancia que lleva la causa.
Pero las defensas apelaron con base en un fallo de 2009 vinculado a otro acusado, Jorge Taranto, en el cual con otros jueces, la misma Sala I de Casación consideró prescriptos los delitos, al no encuadrarlos como de lesa humanidad. Este fallo quedó firme y en 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de revocatoria contra la prescripción de la acusación a Taranto, por entender que era "cosa juzgada", al no haber sido apelado dentro de los plazos legales.
La Fiscalía pidió rechazar las apelaciones y confirmar los procesamientos para enviar a los acusados a juicio.
