Contrabando a Bolivia: declaran como testigos los gendarmes que viajaron con el armamento
Los gendarmes argentinos que integraron el primer comando Alacrán desplegado en Bolivia en 2019, tras el golpe de Estado contra Evo Morales (foto), comenzarán a declarar como testigos la semana próxima en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando agravado de municiones desde Buenos Aires hacia La Paz en noviembre de ese año.
Se trata de los gendarmes que viajaron a Bolivia a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que llevaba en su carga municiones anti-tumulto, granadas de gas lacrimógeno y otros pertrechos represivos que fueron a parar a manos de la policía y la Fuerza Aérea de ese país, según surge de la denuncia que dio origen a la causa judicial.
La ronda de testimoniales dispuesta por el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, comenzará el martes y se extenderá hasta el 20 de mayo, según surge de la resolución en la que se dispuso la convocatoria a diez gendarmes.
El magistrado citó, concretamente, a "prestar declaración testimonial al personal que integró la misión de la Gendarmería Nacional que fuera desplegada en el Estado Plurinacional de Bolivia entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020", según surge de la resolución a la que accedió Télam.
El juez Catania citó a 10 de los 11 gendarmes que integraron aquella primera misión que se desplazó a Bolivia: quedó afuera de la nómina el comandante del contingente, Martín Hidalgo, quien declaró, en un sumario interno del Ministerio de Seguridad, que no se hicieron trámites aduaneros al llegar al aeropuerto boliviano de El Alto.
Ya declararon los gendarmes que cumplieron funciones en La Paz entre el 10 de enero y el 1 de marzo de 2020, como también aquellos que integraron el contingente apostado en suelo boliviano entre el 28 de febrero y el 20 de junio del mismo año.
Se busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos para ser usadas en la represión a los manifestantes del Movimiento al Socialismo.
En el expediente se encuentran imputados el expresidente, Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Alvarez García; al exdirector general de la Gendarmería, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
