La CAME, en contra del fallo de la Corte

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su "preocupación" por la situación generada por "las implicancias del fallo" de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos coparticipables.

Como se sabe, el máximo tribunal dispuso que la Nación destine el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, contradiciendo una medida del Ejecutivo que dejaba sin efecto un decreto de Mauricio Macri asignando el citado porcentaje a CABA.

Al respecto, la CAME dio a conocer en un comunicado, titulado "Institucionalidad y federalismo", su "preocupación por la situación que las implicancias del fallo han generado" y señaló que "la coparticipación federal, como sistema de rango constitucional, coordina la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado federal entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

"Con el convencimiento de que se deben respetar las instituciones republicanas y la Constitución Nacional, CAME aboga por un entendimiento entre las partes que permita solucionar las diferencias" y "teniendo en consideración el respeto a las decisiones judiciales, así como de la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación", añadió el escrito.

Para la CAME, "como institución gremial empresaria federal, llama a la responsabilidad de la dirigencia política para encontrar una solución del conflicto cuyas derivaciones, más allá de cuestiones políticas, repercutirá directamente sobre la población argentina".

"Desde la entidad se expresa la imperiosa necesidad de establecer un mecanismo de distribución de recursos equitativos para todas las provincias del territorio nacional", concluyó la misiva.

Un constitucionalista

La crítica al fallo de la Corte en favor de la ciudad de Buenos Aires fue también cuestionado con una alusión a la Constitución por el abogado especializado en la Carta Magna, Eduardo Barcesat, quien lo consideró como  el "conflicto de poderes más grave desde la recuperación de la democracia".

"La resolución cautelar de la Corte suspende la aplicación del decreto del presidente (Alberto Fernández) y la ley del Congreso que ratificó las alícuotas dispuestas. Es decir, se alza contra una ley votada en ambas cámaras del Parlamento. Es correcto calificar este conflicto entre poderes como el más grave desde el recupero de la democracia", señaló Barcesat.

Para el letrado, "inexplicablemente", la Corte no tuvo en cuenta en esta resolución que "también está rigiendo sobre la Ley del Presupuesto de la Nación que es la ley de leyes, como algunos la bautizan".

"Es la norma que regula el movimiento económico financiero de todo el país. En todo caso hubiera correspondido ampliar el objeto procesal pidiendo la inconstitucionalidad de la ley de Presupuesto. Pero eso ya hubiera sido el colmo. Faltarían nomás que pidan la inconstitucionalidad de la ley de gravedad y con eso terminarían el disparate", remarcó.