Organizaciones de DD.HH. piden una audiencia con la Corte y advierten que "la democracia está en riesgo"

Organizaciones de Derechos Humanos reclamaron ayer una "investigación completa" del viaje que magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación realizaron en octubre pasado a Lago Escondido, donde el magnate británico Joe Lewis posee una estancia, pidieron que el Consejo de Magistratura analice si el hecho constituye un delito de dádivas y anunciaron que solicitarán una audiencia a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

En una conferencia de prensa que ofrecieron en el predio de la ex-ESMA por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemoró el sábado pasado, los organismos advirtieron que "la democracia está en riesgo" y le pidieron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la "remoción" del ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, y del procurador de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, involucrados en ese viaje que es investigado por la Justicia Federal de Bariloche.

Esos requerimientos fueron formulados  en un documento al que adhirieron más de 40 organizaciones de derechos humanos de todo el país. Estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, e integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y representantes de otros organismos, quienes  recordaron que fueron las organizaciones de Derechos Humanos las que lograron que la Corte Suprema "retrocediera" con la aplicación del criterio del 2x1 para facilitar la excarcelación de los condenados por delitos de lesa humanidad.

"Contamos con la movilización popular para derrotar el 'lawfare' y, de esta forma, terminar con la persecución a la compañera (vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), y a la sociedad toda", remarcaron.

Pietragalla Corti sostuvo que "estamos en un contexto donde tenemos que reflexionar" y que "nos pone en alerta".

La lectura del documento estuvo a cargo de la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de la entidad.

También acompañaron la lectura el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano desde una mesa montada en el predio, donde podía leerse la consigna "Si hay 'lawfare', no hay democracia".

También se observó un cartel en el que se reclamaba la libertad para la detenida dirigente social jujeña Milagro Sala.

"En los últimos tiempos estamos viviendo momentos que nos llenan de temor. Hace pocas semanas toda la sociedad vio en primer plano cómo se intentó asesinar a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", expresaron en el texto en referencia al intento de magnicidio que tuvo lugar el 1 de septiembre pasado. Ante este hecho de violencia política, "solo comparable con la ejercida durante la dictadura", denunciaron que "el sector más cuestionado de la justicia federal eligió sesgar la investigación y no profundizar las pistas".