El presidente cuestionó la liberación de los sospechos de incitar a la violencia

El presidente Alberto Fernández (foto) cuestionó ayer el fallo de la Cámara Federal porteña que concedió la excarcelación de los cuatro miembros de Revolución Federal detenidos en el marco de la causa en la que se los investiga por supuesta incitación a la violencia colectiva.

Fernández escribió en su cuenta de Twitter que, “una vez más, la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional”.

El mandatario sostuvo que “pareciera que, lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”, Cristina Fernández de Kirchner.

Fernández enfatizó que “los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los Tribunales para los cuales concursaron”.

“Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del expresidente Mauricio Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad”, amplió el jefe de Estado.

Según Fernández, “la Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo”, y concluyó: “Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura”.

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Bruglia y Bertuzzi, dispuso el martes la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, cuatro miembros de Revolución Federal que, desde mayo de este año, participaron en manifestaciones difundiendo consignas violentas.

“Esquema delictivo”

A través de cuatro fallos, uno por cada imputado, los camaristas revocaron la decisión del juez federal que lleva la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, quien había rechazado excarcelarlos por considerar que podían entorpecer el curso de la causa.

Los cuatro miembros de Revolución Federal estaban detenidos desde el 20 de octubre pasado por orden del juez Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita.

Precisamente, la fiscalía que investiga a los miembros de Revolución Federal consideró que se montó un “esquema delictivo” para “imponer” ideas y “combatir las ajenas por la fuerza y el temor”, y que eso sembró en la sociedad la escalada de “violencia y odio”, cuyo “acto más trascendente” resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre último frente a su domicilio de calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.

No obstante, la jueza que investiga el atentado, María Eugenia Capucheti, y sus superiores consideran que no hay conexión entre ambos expedientes y siguen tramitando por separado.

Repudio

En tanto, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos expresó ayer su “más absoluto repudio” a la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, de liberar a los miembros de Revolución Federal.

En un duro comunicado, la bancada presidida por el santafesino Germán Martínez acusó a los jueces que conforman la Sala 1 de la Cámara Federal de “responder directamente” a las órdenes del expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, y del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

“La liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile ocurre apenas una semana después de revelaciones de posible conocimiento del atentado por parte de sectores de la oposición, y en plena conciencia de que este grupo ultraderechista contó con financiamiento de más de 13 millones de pesos por parte de un fideicomiso de la firma “Caputo Hermanos SA”, propiedad del exministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, Luis Caputo”, lamentaron los legisladores oficialistas.

En el comienzo de este párrafo aludieron, sin nombrarlo, al diputado macrista Gerardo Milman, quien fue apuntado por un testigo por haber mantenido una supuesta conversación en la que le comentó a dos de sus asesoras que, cuando la mataran a Cristina de Kirchner, él iba a estar “camino a la Costa”.

“En vez de profundizar en las pistas políticas y financieras, los jueces deciden otorgar la libertad, considerando que no hay riesgo de fuga o alteración de la causa. Le restan gravedad al asunto, acotan la investigación y aíslan elementos claramente vinculados”, recriminaron.