Presupuesto al Congreso

?Tal como lo indicamos en la página 12 de nuestra edición de ayer, el ministro de Economía, Martín Guzmán, continuará en el cargo. Y tanto se confirma su permanencia al frente del Palacio de Hacienda, que la noche del miércoles, en medio del cimbronazo de las renuncias que fueron cayendo como un dominó sobre el escritorio del presidente Alberto Fernández, el pupilo del Premio Nobel Joseph Stiglitz se pasó la noche afilando el lápiz para darle retoques a la “ley de leyes”, el Presupuesto 2022, que finalmente envió al Congreso.

Al no incluir pagos al FMI, la prioridad en el cálculo de recursos y gastos es un crecimiento económico inclusivo.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que el eventual pago de los vencimientos por casi US$20.000 millones (del acuerdo celebrado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri) generaría una "reducción de la inversión en infraestructura por $1.300.000 millones y los subsidios económicos por $1.100.000 millones".

El Presupuesto proyectado prioriza un esquema de política fiscal expansiva orientado a la recuperación económica, con crecimiento inclusivo, posible precisamente por la no inclusión del pago de los vencimientos por casi US$20.000 millones (4% del PBI) previstos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el año que viene.

En ese sentido, precisaron que el pago de los más de US$19.000 millones en 2022 implicaría "eliminar todo el gasto de capital desde los actuales 2,4 puntos del Producto Bruto Interno a cero, y los subsidios a la energía y el transporte".

También significaría "eliminar la AUH, el programa Potenciar Trabajo, las Becas Progresar, todos los programas sociales y partidas como la Tarjeta Alimentar, no comprar vacunas, no realizar transferencias a provincias y universidades.

"Sería una situación de descalabro macroeconómico totalmente insostenible y de gran angustia social", agregaron.

    Crecimiento sostenible

"Este proyecto de ley está pensado para cuidar a la Argentina y asegurar un crecimiento sostenible, y por ello supone que no se enfrentan los vencimientos de deuda insostenibles acordados por la administración anterior", señaló el texto del proyecto de ley girado al Congreso nacional.

Se aclara, además, que si se "previera el pago de la totalidad de los vencimientos (del acuerdo celebrado con el FMI en el 2018), se colocaría al Estado nacional en una grave situación con una carga de pagos insostenible de más de US$19.000 millones, lo que obligaría a postergar prioridades de políticas públicas esenciales".

De hecho, si esos vencimientos se presupuestaran, debería "propiciarse una reducción significativa en partidas presupuestarias que resultan prioritarias para atender los objetivos de política que han distinguido la acción de gobierno de esta Administración, generando probablemente una crisis social de magnitudes absolutamente desproporcionadas en relación a nuestra historia".