Causa Correo: tras la quiebra, avanza la investigación por delitos penales
El fallo que decretó la quiebra del Correo Argentino SA, de la familia Macri, podrá ser apelado ante la Cámara Comercial, pese a lo cual seguirá en marcha, al igual que la investigación para determinar si la firma postal estuvo involucrada en supuestas maniobras de lavado de activos.
Por estas maniobras, la fiscal de la causa, Gabriela Boquín, alertó sobre el papel que pudo haber jugado el banco austríaco Meinl Bank, investigado en Europa precisamente por supuesto lavado de dinero. La investigación se orienta a determinar si el Grupo Macri recurrió a ese banco para la compra de la deuda que el Correo mantiene con dos entidades financieras internacionales, de modo de poder colocar en lugar de esas entidades a un “acreedor amigo”, controlado por el propio Correo, que le asegurara la aceptación de cualquier oferta de cancelación de deudas.
Además, requirió una auditoría sobre los movimientos en torno a las “acreencias” del Correo y que la Unidad de Información Financiera investigue “posibles maniobras de lavado de dinero”, medidas que había intentado frenar la empresa de los Macri.
El síndico designado para trabajar en la quiebra iniciará el proceso de “desapoderamiento” de bienes que implica la confección de un inventario y un rastreo para determinar si hay bienes a nombre de terceros.
De manera paralela, en el juzgado federal de Ariel Lijo se ordenaron nuevas medidas de prueba en la causa penal que investiga si en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado nacional aceptó un acuerdo abusivo para que el Correo salde su deuda, que no se concretó tras ser impugnado por la fiscal Boquín.
En la causa están imputados el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad; su entonces director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa; y el extitular del Correo, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado Jaime Kleidermacher.
