El Senado debate en sesión el proyecto con medidas para combatir la pandemia

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que establece criterios básicos epidemiológicos para combatir la pandemia de coronavirus en el país, será debatido la semana próxima en el recinto en una sesión especial, luego de haber obtenido el miércoles último dictamen en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado.

La iniciativa, según lo previsto, será aprobada gracias a la amplia mayoría que posee el bloque oficialista del Frente de Todos, pese a que algunos de sus aliados, como Juntos Somos Río Negro, y la oposición de Juntos por el Cambio votarán en contra.

El plan es que, una vez aprobado, el proyecto sea girado a la Cámara de Diputados para una rápida sanción ya que debería comenzar a regir antes del 22 de mayo, cuando pierde vigencia el último Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Alberto Fernández, que estableció nuevas restricciones para todo el país en las últimas tres semanas.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, afirmó que se buscará introducirle una serie de modificaciones a la iniciativa para evitar que sea recurrida ante la Justicia, como ocurrió con el DNU que la Corte declaró inconstitucional y que preveía la clausura de las clases presenciales.

En ese sentido, fuentes del Frente de Todos apuntaron a cambiar el sentido del artículo 21 que hace mención a la suspensión de la actividad escolar cuando un distrito se encuentre en "situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria".

La actual redacción establece que, en esos casos, se suspenden las clases y que luego el Poder Ejecutivo podrá discutir con los gobernadores afectados por la situación una "morigeración" de la medida.

La sugerencia, a la vista del fallo de la Corte, es invertir la situación y que cualquier medida restrictiva deba ser consensuada con los responsables distritales previamente.

"Continuaremos trabajando para llegar al recinto la semana próxima con las modificaciones que consensuemos con el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados", mencionó Sacnun.

Además, la legisladora santafesina se comprometió a "lograr los acuerdos necesarios para poder acompañar unánimemente este proyecto de ley y que sirva para constituir los consensos necesarios para la República Argentina respetando las distintas posiciones, construyendo diálogo, unidad y para salvaguardar lo más importante que tenemos que es el pueblo de la Nación argentina".

En cambio, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, rechazó de plano cualquier apoyo argumentando que el proyecto enviado por el Gobierno "ataca el federalismo ya que los gobernadores, intendentes y jefes comunales no tendrán ni voz ni voto, y el Estado nacional dispondrá de forma unilateral cómo y cuándo se pueden realizar los cierres, esto incluye desde escuelas hasta comercios e industrias".

El proyecto, enviado esta semana pasada por el Gobierno y dictaminado en menos de tres días después, establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus de COVID-19, tiene como finalidad "proteger la salud pública" y "establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país".

La iniciativa reúne los criterios sostenidos en los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, y hace hincapié en las reuniones sociales, el teletrabajo y el dictado de clases presenciales, aunque cada restricción debe ser consensuada con autoridades provinciales.

El proyecto establece coeficientes para definir la situación de "bajo riesgo", "mediano riesgo" o "alto riesgo" epidemiológico y sanitario: se consideran de bajo riesgo cuando "la razón de casos", definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea inferior a 0,8.

En los de mediano riesgo el número de "razón de casos" deberá oscilar entre 0,8 y 1,2; y los de alto riesgo, cuando la "razón" sea mayor a 1,20.

En las urbanizaciones con más de 300 mil habitantes en situación de "alarma epidemiológica y sanitaria" se suspenden los centros comerciales y ferias, los locales gastronómicos entre las 19 y las 6, la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre, los gimnasios y la circulación entre las 20 y las 6 de cada día.

Diputados retomarán el martes la discusión sobre el proyecto de los biocombustibles

El plenario integrado por las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará el martes el debate del proyecto de ley que crea un nuevo régimen de biocombustibles, en una reunión en la que el Frente de Todos buscará conseguir la firma del dictamen de mayoría para habilitar su tratamiento en el recinto.

El proyecto elaborado por los diputados oficialistas Marcos Cleri (Santa Fe) y Omar Félix (Mendoza), establece un marco regulatorio hasta 2030 y reduce los cortes de gasoil con biodiésel del 10% al 5% y mantiene el corte del 12% en las naftas con bioetanol.

En el marco del debate, ayer el secretario de Energía, Darío Martínez, consideró ante el plenario de comisiones que se trata de "un proyecto muy interesante, ya que enumera aspectos generales que establecen claramente al desenvolvimiento de la actividad" para tener "energías más amigables con el medioambiente".

El funcionario destacó que el nuevo articulado tiene "una clara descripción técnica de los biocombustibles; el proyecto determina de manera adecuada las definiciones de los biocombustibles en general y particularmente las de biodiésel y bioetanol".

En su discurso defendió los cortes establecidos en la iniciativa de un 5% del corte entre gasoil y biodiésel y destacó que en materia de bioetanol se mantiene el corte del 12%, "pero dividido en 6% entre los producidos a base de caña de azúcar y 6% a base de maíz. Ambos productos devienen de economías regionales diferentes".

El proyecto establece que la Secretaría de Energía podrá "elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas".