Fiscal impulsa la investigación por presunto fraude en la deuda del gobierno de Macri con el FMI
El fiscal federal Franco Picardi dio impulso ayer a la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) para que se investigue si el expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios de su gobierno incurrieron en un fraude en contra de las arcas del Estado cuando promovieron el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La denuncia había sido presentada por el titular de la OA, Félix Crous, ante el Juzgado Federal Nº 5 y sostenía que a través de la violación de una serie de normas el gobierno de Macri había contraído una millonaria deuda con el FMI cuyo monto, además, era idéntico al de la cifra en dólares que se habría fugado en el mismo período de tiempo.
El fiscal le dio impulso a la investigación al presentar ante la jueza María Eugenia Capuchetti una ampliación del requerimiento de instrucción en el marco de un expediente que ya está iniciado y tiene entre los imputados al expresidente Macri, a sus exministros Nicolás Dujovne (Hacienda), Luis Caputo (Finanzas) y a los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris.
De la denuncia surgía que de la conducta imputada a los acusados se desplegó en el contexto de una política económica, monetaria y financiera que permitió “generar ganancias extraordinarias mediante la colocación de letras en moneda nacional, de corto vencimiento, que pagaban una elevadísima tasa de interés”.
Esto, indicó, “atrajo cuantiosas inversiones especulativas de residentes y no residentes, que vendían la divisa norteamericana en la plaza local para hacerse de pesos para acceder a dichos títulos y así obtener ganancias con el diferencial de la tasa”.
Se resaltó que ya a principios de 2018, y como consecuencia del sobreendeudamiento -el mayor en los mercados internacionales desde 2016-, Argentina “perdió el financiamiento internacional privado en dólares, a la par de que los inversores especulativos desarmaron sus posiciones en letras en pesos y dolarizaron sus tenencias para asegurar sus ganancias ante la debacle, mediante la formación de activos externos”. De esa forma, se estableció en la denuncia que “sin acceso a crédito internacional y en virtual default, el proceso diagramado y ejecutado por los imputados, lejos de detenerse, se aceleró”.
Como consecuencia, continúo, se “incrementó en modo tal la demanda de divisas que para sostener el mecanismo diseñado se solicitó un préstamo al FMI, organismo con el cual nuestro país se había desendeudado pocos años atrás’”, según relató el fiscal Picardi en su requerimiento de 49 páginas.
Fue en ese momento que, según la denuncia que incluyó informes del Banco Central y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), “en tiempo récord, el 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado argentino y de todo el pueblo de la nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores”.
Juntos por el Cambio respaldó la postergación de las PASO y generales
El interbloque de Juntos por el Cambio (JXC) dio ayer su respaldo a la propuesta del oficialismo de postergar hasta septiembre las elecciones primarias (PASO) y hasta noviembre las generales para la renovación de la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y de un tercio del Senado.
De esta manera, la principal fuerza opositora apoyó la iniciativa del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro que le formuló hace 15 días a los dirigentes de JXC para posponer del 9 de agosto al 12 de septiembre las elecciones primarias y las elecciones del 24 de octubre al 14 de noviembre.
“Acompañaremos el corrimiento del cronograma”, informó la fuerza opositora en un comunicado, donde señaló su “interés en contribuir a la mejor gestión de la pandemia y, a la vez, respetar las normas electorales vigentes con la garantía de las elecciones primarias que hoy consagra la ley”.
El escrito destaca a su vez que “siempre sostuvimos que las reglas de juego y su previsibilidad deben contar con amplios consensos y son sagradas para la democracia”.
El comunicado fue respaldado por los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica.
Este acuerdo permitirá avanzar en la sanción de una ley que se debe aprobar antes del 10 de mayo, que es el plazo para convocar oficialmente a las elecciones PASO para definir los candidatos que competirán en la elección general en la que se elegirán 127 diputados y 24 senadores.
Ese consenso permitirá reunir un amplio apoyo para poder sancionar esta ley que se debe votar con mayorías calificadas de 129 votos en Diputados, y de 37 en el Senado (la mitad más uno de los miembros de cada Cámara).
De todas maneras, el oficialismo alcanzaba los 129 votos, ya que todos los bloques provinciales habían manifestado su respaldo a la propuesta formulada por el ministro De Pedro.
Con todo, Juntos por el Cambio solicitó “una cláusula que reasegure el compromiso del Gobierno nacional con el respeto de la legislación electoral vigente”.
Al respecto, pidió que se incluya un artículo que exprese que “la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto, regula un derecho subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.
