El armado de causas en contra del sindicalismo
CGT y CTA serán querellantes
Irán hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y creen que los dichos del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas sobre la conveniencia de crear una “Gestapo” para embestir contra los gremios "no pueden quedar impunes"Dirigentes de las centrales de trabajadores CGT y CTA repudiaron ayer el mecanismo de persecución gremial planteado en el video en el que el exministro de Trabajo bonaerense del gobierno de Cambiemos en la provincia, Marcelo Villegas, habla de una "Gestapo" para "terminar con los gremios" y anunciaron que se presentarán como querellantes ante la justicia nacional y que denunciarán el caso en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Vamos a presentar y hacer todas las denuncias en la justicia nacional y en la OIT", dijo Pablo Moyano, uno de los secretarios generales de la CGT.
Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la CTA de los Trabajadores, en Piedras al 1000, los dirigentes sindicales indicaron que se trató de un plan de "inusitada gravedad" que equipararon con prácticas de la última dictadura militar.
De esta forma, los principales sindicatos del país buscan sumarse e impulsar la denuncia presentada esta semana por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ante la Justicia Federal de La Plata luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de Inteligencia orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales.
En el video aparecían, entre otros, el por entonces ministro de Trabajo bonaerense Villegas; el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, senador provincial, y el intendente de La Plata, Julio Garro, además de empresarios y los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI.
Mario Manrique, secretario adjunto Smata y secretario gremial de CGT, repudió que "estas son las formas y herramientas que utiliza el PRO y la derecha más rancia de la Argentina para lograr su objetivo" y dijo que si el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina "se equivocó y pagó con la cárcel, a Mauricio Macri le corresponde lo mismo".
Pedido del Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura le pidió al presidente Alberto Fernández y a los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, respectivamente, la "pronta sanción" de una ley de integración y organización del organismo que cumpla con el fallo dictado por la Corte Suprema el 16 de diciembre último.
En sendos oficios emitidos al Poder Ejecutivo y a las dos cámaras del Poder Legislativo con fecha del 29 de diciembre, el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, fundamentó su pedido en el "exiguo lapso que resta hasta la expiración del plazo de 120 días dispuesto por la referida resolución judicial para procurar la integración completa de este cuerpo en los términos de la Ley 24.937, y la posibilidad que vencido ese término sin lograrse la composición plena, pueda generarse una paralización de las actividades" de ese cuerpo.
Por eso, Molea reclamó la "pronta sanción" de una ley de integración y organización del organismo que cumpla con el fallo dictado por el máximo tribunal.
El presidente del Consejo de la Magistratura señaló también que resulta "necesaria la convocatoria a sesiones extraordinarias", por lo que le solicitó al presidente que "tenga a bien contemplar la posibilidad de ejercer la facultad que le acuerda el artículo 99, inciso 9°, de la Constitución Nacional".
El 16 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en 2006, encargó al Congreso una nueva ley que lo regule y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros.
