Solamente CABA no estampó la firma

El nuevo consenso fiscal -rubricado ayer por 23 provincias- prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.
También contiene un capítulo denominado de “endeudamiento responsable”, que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que en materia de “responsabilidad fiscal” fija que “la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB”, entre otras cuestiones.
La firma se concretó durante un acto realizado en Casa de Gobierno, encabezado por el presidente Alberto Fernández, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán.
Por el lado de las provincias estuvieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Rodolfo Suárez (Mendoza); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
A estos se sumaron el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuya provincia, junto con la de San Luis, no había adherido al Consenso que se suscribió durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, por lo que no necesitaron actualizar los parámetros del acuerdo.
El consenso fiscal es un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.
Lo que se busca con el acuerdo es fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.
“Celebro que hayamos logrado el consenso con 23 jurisdicciones, y lamento que esto haya quedado sin firmar por la Ciudad de Buenos Aires, porque cuando se llevaba los puntos de coparticipación lo hacía sin consensos”, expresó el Presidente.