Veinte provincias apoyan los acuerdos de precios y se comprometen a fiscalizar

El Gobierno nacional y veinte provincias firmaron ayer un acuerdo a través del cual los gobernadores se comprometieron a poner en marcha tareas de fiscalización en sus distritos para asegurar el cumplimiento de la resolución que congeló los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el próximo 7 de enero.

El entendimiento fue rubricado ayer tarde durante una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández en el Salón Eva Perón, en Casa de Gobierno.

Tras el encuentro, en una conferencia de prensa, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo que el acompañamiento de los gobernadores "fue pleno".

En la misma sintonía, la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, explicitó que "todos los gobernadores" decidieron dar su "acompañamiento" a la decisión de poner en marcha una canasta de 1.432 productos de consumo masivo con precios retroactivos al 1 de octubre pasado.

"Se sumaron todos los gobernadores, excepto el gobernador Rodolfo Suárez (de Mendoza) que está con un problema de salud" y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "que manifestó interés pero tenía un problema de agenda" para estar presente en el encuentro, dijo la funcionaria del Ministerio del Interior ante la consulta de la prensa.

Por las provincias estuvieron presentes -de manera presencial o virtual- los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Zillioto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco),

También Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes). Llamativamente (o no tanto), el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no fue de la partida, al igual que el macrista Horacio Rodríguez Larreta.

Por el Gobierno nacional, participaron el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario Feletti; el secretario de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada, Jorge Neme; la secretaria Batakis; la subsecretaria de Comercio Interior, Débora Giorgi y la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.

"Argentina comienza a ponerse de pie. La producción y el empleo muestran que la recuperación económica es evidente y debemos consolidar ese camino de la recuperación para que cada argentino y argentina pueda vivir como se merece. Eso requiere de acuerdos, apoyos y propuestas para superar los problemas que pueden condicionar la expansión económica", señala el primer párrafo del acuerdo firmado por los gobernadores.

Añade que "los aumentos de precios castigan con dureza los ingresos de los argentinos y argentinas, poniendo en riesgo al mismo tiempo la continuidad del crecimiento económico".

"Si los ingresos de nuestro pueblo se deterioran, el consumo, la producción, la inversión, el empleo y la rentabilidad de nuestras pymes se debilita", señala el documento.

"No estamos defendiendo solo el bolsillo de los consumidores; estamos preservando también estratégicamente la sostenibilidad del negocio de productores y empresarios, estamos defendiendo un modelo de país basado en la producción y el empleo. Es momento de trabajar entre todos y todas para crecer y vivir como nos merecemos", enfatizó el documento.

El acuerdo contempla que en "el corto plazo, los/as gobernadores/as acompañaremos desde las provincias las tareas de fiscalización, control, juzgamiento y sanción de las disposiciones establecidas en la Resolución N° 1.050 de fecha 19 de octubre de 2021 de la Secretaría de Comercio Interior".

"Somos conscientes de que las medidas de corto plazo son necesarias, pero no suficientes. Debemos tener instrumentos económicos e institucionales estables y permanentes que garanticen: a) rentabilidades empresarias razonables, b) una distribución justa del excedente a lo largo de las cadenas productivas, protegiendo a sus actores más débiles y c) el acceso de los trabajadores a los bienes y servicios de consumo básico a precios accesibles", subraya el documento.