Por la Tarjeta Alimentar, habrá otra inversión de $30 mil millones

El Gobierno invertirá $30 mil  millones en el mercado interno en los últimos cuatro meses del año, a través de la Tarjeta Alimentar (TA), un instrumento destinado a garantizar alimentos para la población vulnerable, que sumará, durante todo  2020, una inyección total por parte del Estado de $90 mil millones.

Así lo informaron a Télam fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, y que además detallaron que, desde enero hasta agosto pasado, la Tarjeta Alimentar "volcó 60.074 millones de pesos al mercado interno", que fueron utilizados mayormente para la compra de alimentos frescos en los 24 distritos del país.

Con una inversión mensual de 7.700 millones de pesos, la TA tiene un millón y medio de titulares y beneficia a casi 3 millones de niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y discapacitados que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

"La Tarjeta Alimentar mueve la rueda de la economía desde abajo: por un lado, mejora la calidad de la alimentación de las familias, y por el otro, descentraliza las compras, moviliza el comercio y la producción local de los alimentos", explicó a Télam Arroyo.

El Plan Argentina contra el Hambre, puesto en marcha en diciembre de 2019, poco después de que Alberto Fernández asumió la Presidencia, tiene como uno de sus pilares fundamentales a la Tarjeta, que terminó de distribuirse en marzo último, pese a los contratiempos que impuso la pandemia de coronavirus.

Desde enero hasta agosto, las familias destinaron el 62% del dinero que reciben mensualmente en la TA a la compra de los alimentos recomendados por el Ministerio (principalmente carne, leche, frutas y verduras), según un relevamiento realizado por la cartera.

Además, el 45% de las compras registradas está compuesto por carnes, frutas y verduras, un objetivo del Ministerio de Desarrollo, que orientó la oferta a productos de calidad nutricional, que son más caros que los alimentos secos, como las harinas, por ejemplo.

En el universo global de la asistencia, el Gobierno ya cuadruplicó en los primeros seis meses del año los 15 mil millones de pesos asignados durante todo 2019 a los sectores más vulnerables, según un informe de la Secretaría de Inclusión Social, que fue presentado el mes pasado ante el Consejo Federal Argentina contra el Hambre.

También, de enero a julio pasado, unas 20 mil escuelas de todo el país recibieron ayuda para sus comedores, con una inversión superior a los 7 mil  millones de pesos.

El mes pasado Arroyo adelantó que su cartera avanzará en 3 ejes: "Mejorar la calidad nutricional con transformaciones profundas, fortalecer la comensalidad en los hogares y robustecer la pequeña escala de producción de alimentos (acercando a productores y consumidores) con varias iniciativas, una de ellas el Prohuerta".

Diputados: por un acuerdo para un paquete de leyes

El oficialismo buscará esta semana en la Cámara de Diputados reanudar el diálogo con Juntos por el Cambio para alcanzar un acuerdo sobre el trabajo legislativo, de cara al paquete de leyes que el Frente de Todos aspira a sancionar en el último trimestre, entre los que sobresalen el presupuesto 2021, la actualización de las jubilaciones y el Aporte Solidario a las grandes fortunas.

Junto a la reforma tributaria y la reforma judicial se completa así el conjunto de iniciativas que el Gobierno buscará sancionar antes de la finalización del período ordinario de sesiones, el 30 de noviembre próximo.

Un punto clave de esa agenda, además del presupuesto y el aporte solidario sobre los grandes patrimonios, es el nuevo sistema de actualización de jubilaciones y pensiones, así como la Asignaciones Familiares y Asignaciones Universal por Hijo/a, ya que representan más de la mitad de los recursos contemplados en el presupuesto.

La discusión entre el oficialismo y la oposición está anudada en la forma de desarrollar la tarea legislativa mientras perdura el distanciamiento social para mitigar el crecimiento de contagios de coronavirus, dado que la sede del Congreso Nacional ocupa geográficamente una zona de circulación comunitaria de la Covid-19.

En ese contexto, el presidente de la cámara, Sergio Massa, buscará destrabar la controversia surgida el martes cuando la principal bancada opositora no aceptó prorrogar el protocolo de funcionamiento virtual, lo que derivó en un fuerte conflicto con denuncias de Juntos por el Cambio y su amenaza de impugnar la sesión en la cual se convirtió en ley el proyecto para auxiliar a la industria del turismo.

El Frente de Todos, que preside Máximo Kirchner, consiguió el aval de la mayoría de los bloques del cuerpo para extender el protocolo de actividad virtual, según consta en el Acta de Labor Parlamentaria, pero con el rechazo de Juntos por el Cambio no logró el consenso obtenido en el inicio de la pandemia.

La principal fuerza opositora -que preside Mario Negri- reclama que sea presencial la discusión parlamentaria sobre reforma judicial, presupuesto 2021 y el nuevo sistema de actualización de las jubilaciones.

Massa mantendrá conversaciones con la conducción de Juntos por el Cambio para analizar las características de un eventual tratamiento presencial (por ejemplo en un polideportivo), con la salvedad de que se habilitará el sistema remoto para los legisladores que no quieran correr riesgos de contagio.