El oficialismo continuará con las negociaciones para poder votarlo

El Frente de Todos (FDT) redoblará la semana próxima en la Cámara de Diputados las negociaciones con los bloques provinciales para que respalden el proyecto de ley de aporte solidario, ya que requieren una mayoría calificada de 129 votos para lograr la sanción de ese tributo, con el cual aspiran a reforzar las partidas para el sistema sanitario y productivo.

El oficialismo aspira a votar antes de fin de septiembre el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario, que se aplicará, por única vez, a las personas con un patrimonio superior a los 200 millones con una tasa progresiva entre el 2% y el 3,5%, con el fin de recaudar unos 300 mil millones de pesos para reforzar las arcas públicas, que tuvo una fuerte caída por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.

Para conseguir su objetivo avanzará esta semana en negociaciones con el interbloque Federal -que integran Consenso Federal, PJ, y Córdoba Federal-, el interbloque Unidad para el Desarrollo -conformado por partidos provinciales-, el Movimiento Popular Neuquino, y los dos bloques de izquierda.

El bloque del Frente de Todos -que conduce Máximo Kirchner- tiene 117 votos propios, ya que tiene un legislador que está de licencia -José Manuel de Mendiguren- y el titular del cuerpo, Sergio Massa solo vota en caso de empate, con lo cual necesita el respaldo de una docena de legisladores de otros espacios políticos para obtener los 129 votos para su sanción.

Por ese motivo, el oficialismo concentrará sus esfuerzos en buscar acuerdos con estas fuerzas políticas ya que la coalición opositora Juntos por el Cambio ya anticipó su rechazo al proyecto propiciado por el FDT, e incluso cuestiona prorrogar el protocolo de funcionamiento virtual de la Cámara de Diputados.

Fuentes parlamentarias señalaron que ya existieron conversaciones con varios legisladores y son optimistas en conseguir el apoyo de nueve de los 11 diputados del interbloque Federal, de seis de los ocho legisladores del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Luis Ramón, y de la diputada del MPN, Alma Sapag.

Incluso señalaron que incorporaron alguna propuesta como la de destinar un 20% de esa recaudación para las Pymes, tal como habían solicitado en su momento diputados de Consenso Federal.

En el caso de los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá esperan tener certeza si acompañarán esta propuesta ya que tienen su propio proyecto que es más amplio y no tiene el carácter de aporte por única vez.

Pero en forma independiente del avance de las conversaciones, el FDT convocará entre miércoles y jueves a una reunión informativa de la comisión de Presupuesto, para dar detalles del proyecto y responder las preguntas de los legisladores.

Reunión informativa

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller (FDT), adelantó el viernes por la noche que convocará en los próximos días “a una primera reunión informativa” de ese cuerpo para tratar el proyecto y que, “en una segunda reunión, se avanzará con la idea de producir dictamen”.

“Mi idea es hacer una primera reunión de la comisión, que llamaría de carácter informativo; donde explicaríamos en detalle el proyecto, contestaríamos preguntas y recibiríamos sugerencias”, continuó el legislador en declaraciones al canal DiputadosTV.

En la continuidad del bosquejo del posible esquema de trabajo, Heller indicó que “en la segunda reunión ya avanzaríamos con la idea formal de producir un dictamen”.

Allí explicará detalles del proyecto que propone cobrar, por única vez, una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que al 31 de diciembre hayan alcanzado los 200 millones de pesos.

Esa tasa al 2,25% se elevará en casos de fortunas entre 300 y 400 millones, de 2,50% entre 400 y 600 millones de pesos, y de 2,75% 600 a 800 millones.

La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1.500 millones, del 3,25% para fortunas de 1.500 millones de pesos a 3.000 millones y a partir de esa cifra será del 3,5%.

De acuerdo a esa iniciativa, el 20% de la recaudación se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20% a las Pymes, un 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, un 20% a becas al programa integral de becas Progresar y un 25% programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de Enarsa.

Por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería; pero si trae el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera, el diferencial se elimina y pagan por todo como si lo tuvieran en el país.

La reforma judicial, a la Cámara baja

La reforma judicial aprobada esta semana por el Senado comenzará a ser analizada por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo se prepara para un tratamiento “más lento y minucioso”, en un escenario en el cual las bancadas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio mantienen posturas encontradas con respecto a la modalidad en la cual debe ser debatida la iniciativa.

Con casi similitud de fuerzas, el Frente de Todos (118 diputados), en la búsqueda de la aprobación del proyecto, y Juntos por el Cambio (116), en un rechazo absoluto, continúan intentando acercar posiciones con el resto de los 22 diputados de la Cámara, que en definitiva serán los árbitros de la suerte del proyecto.

De la base que parte el oficialismo, por ahora lograría sumar a seis diputados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, incluidos los tres representantes del partido que gobierna la provincia de Misiones y el de la fuerza que está a cargo del Ejecutivo de Río Negro.

Para llegar a 125, a estos diputados se sumaría la representante del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, que desde diciembre acompañó al oficialismo en cada una de las votaciones.

Hay que tener en cuenta que el oficialismo pierde una presencia a partir de la licencia de José de Mendiguren, que se desempeña como director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.