Procesan a dos exfuncionarios macristas

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó ayer sin prisión preventiva al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y al extitular de Vialidad Nacional y exministro de Energía de la gestión de Cambiemos, Javier Iguacel, por presunta administración fraudulenta, en una investigación por la renegociación de concesiones de peajes en el gobierno de Mauricio Macri.

Además, en la misma resolución, el magistrado fijó para este viernes la declaración indagatoria al exministro de Transporte del macrismo Guillermo Dietrich y para el lunes próximo la del exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ambos a las 10, según la resolución de 160 carillas a la que accedió Télam.

En la causa se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas vinculadas al expresidente Macri.

Están imputados, además, los empresarios responsables de Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste, cuyas fechas para declaración indagatoria se fijarán a medida que se concreten las citaciones a los exfuncionarios.

Los exfuncionarios habían sido citados ya a indagatoria en el caso, pero ahora el magistrado puso fecha para ese trámite, que se hará por videoconferencia a raíz del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

“Cada uno de los imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado”, sostuvo el juez tras ubicar a Iguacel como quien negoció con las empresas beneficiadas y a Saravia Frías como el responsable de respaldar con su firma los acuerdos alcanzados, pese al cúmulo de irregularidades detectadas en la investigación.

El juez resolvió procesar a Saravia Frías y a Iguacel, luego de que ambos se negaron la semana pasada a prestar declaración indagatoria y sin esperar a que concluya la ronda de declaraciones de imputados que deberán presentarse en la investigación.

"Podemos observar que las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes -públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso", sostuvo el juez en la resolución.