El Banco Nación es querellante

El Banco Nación se presentó como querellante en la causa penal a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita por supuestos delitos cometidos en el otorgamiento de préstamos a la empresa Vicentin.

En forma paralela, el Nación decidió que, mientras avanzan la investigación judicial y el sumario abierto por este tema, queden separados de su cargo cuatro directivos que participaron en el otorgamiento de los préstamos a la empresa agroexportadora.

Se trata del gerente general, Juan José Fragati; la gerenta de Riesgo Crediticio, Susana Ojeda; el subgerente general de Banca Corporativa, Martín González y el gerente de Legales, Carlos Lo Turco.

La presentación se hizo bajo el pedido del presidente de la entidad, Eduardo Hecker, y del resto del Directorio del banco.

"El objetivo de la presentación es que el banco pueda tener acceso a la causa y, de ese modo, determinar si hubo afectación del patrimonio y conocer las responsabilidades de las autoridades que formaron parte de este posible delito", se indicó.

En febrero de este año, el Nación abrió un sumario interno para investigar la participación de una veintena de empleados del banco que participaron, con mayor o menor grado de responsabilidad, del otorgamiento de créditos por unos $ 18.500 millones a la empresa Vicentin.

La decisión del banco había sido que, hasta tanto no se comprobara fehacientemente la culpabilidad de los directivos en la comisión de una violación de los estatutos internos, nadie sería removido de su cargo.

Sin embargo, el avance del Gobierno nacional en la intervención de la empresa y de la causa civil que se tramita en Santa Fe por el concurso de acreedores por una deuda de US$1.350 millones con el Nación, otros bancos y productores agrícolas, aceleró el pedido de licencia de cuatro directivos.

El primer dictamen de la causa, emitido en febrero por Pollicita, incluyó la imputación del presidente de Vicentin, Gustavo Nardelli, de Alberto Padoan, otro ejecutivo de la agroexportadora, y del extitular del Banco Nación Javier González Fraga.

La causa se inició a finales de enero de este año, cuando el abogado y presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Míguez, denunció a González Fraga y a otros exfuncionarios por el delito de defraudación por los préstamos otorgados a Vicentin, en base a un informe elaborado por uno de los actuales directores del Banco, Claudio Lozano.

En ese documento, Lozano analizó el estado de la empresa durante los últimos años y el proceso de endeudamiento con el Nación que, aseguró, "superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa" y que, sin embargo, obtuvo una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para readecuarse. Asimismo, destacó que la información disponible no justifica la crisis financiera de Vicentin -que señala como principal aportante a la campaña presidencial de Mauricio Macri con $13.500.000-, y que el incumplimiento de la empresa comenzó "casi en simultaneo con la elección de las PASO y la derrota de Mauricio Macri".

Vicentin enfrenta un concurso de acreedores en la Justicia de Santa Fe por $99.345,2 millones, de los cuales el 64% ($63.962 millones) está en manos de 37 bancos y el 30% ($25.657 millones), de 1.895 productores de granos.

Un reciente informe -también elaborado por Lozano-, advirtió que el 5,5% de esa deuda ($5.428 millones) corresponde a "sociedades" que, en realidad, son empresas vinculadas con Vicentin: Vicentin Paraguay, $4.079 millones; Renova, $1.346,4 millones; y Diferol, $2,7 millones.

"A la vez, hay 98 personas que, en tanto, accionistas, le reclaman a Vicentin $351 millones. Los accionistas más significativos que le reclaman a la empresa más de $10 millones cada uno son Olga Vicentin de Rodríguez, Pedro Vicentin y Sergio Nardelli", subrayó el informe.

En la Cámara de Diputados

Presentaron proyecto para prohibir aplicaciones de agroquímicos con aviones

El presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Leonardo Grosso, presentó un proyecto de ley que establece la prohibición de aplicaciones de agroquímicos con aviones fumigadores.

La iniciativa establece "la prohibición de la aplicación, manipulación y almacenamiento de agroquímicos en áreas urbanas, así como la aplicación aérea de agroquímicos", según explicita el proyecto presentado por el legislador del Frente de Todos.

También contempla "la prohibición de la aplicación terrestre, manual o mecánica a menos de 1.500 metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales y asentamientos humanos", entre otros.

Según el proyecto, la prohibición aérea comenzará a regir "a partir de los dos años de sancionada la ley", contempla que "hasta tanto se cumpla dicho plazo, se prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos a menos de 5.000 metros del perímetro de zonas urbanas", entre otras cuestiones.

También a un directivo de Techint

Revocaron parcialmente el procesamiento de Cristina Fernández en la causa Cuadernos

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi revocó el procesamiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al directivo de la empresa Techint Luis María Betnaza, entre otros, en el tramo del caso Cuadernos vinculado al presunto pago de sobornos por parte de esa firma.

El magistrado dictó la falta de mérito para la expresidenta, para Betnaza, para el exministro Julio De Vido; y para los exfuncionarios Roberto Baratta, José María Olazagasti y Claudio Uberti por estos hechos puntuales.

"Corresponde disponer la realización de diversas medidas de prueba que clarifiquen aspectos de lo ocurrido en relación a Techint, vinculados a determinar si los pagos efectuados pudieron estar vinculados con razones de emergencia en el contexto de la nacionalización de la empresa SIDOR en la República Bolivariana de Venezuela", sostuvo el juez en su fallo.

Ante ello, "se advierte como imprescindible profundizar la pesquisa", agregó al revocar de oficio los procesamientos y disponer la falta de mérito.

Entre otras medidas, Martínez De Giorgi evaluó que "resultaría pertinente escuchar en declaración testimonial a los directivos, presidentes y CEO de las firmas Ternium y Sidor, que fueron propuestos por el fiscal Carlos Stornelli”.

"También correspondería incorporar a la presente los viajes realizados por los imputados a la República Bolivariana de Venezuela, en el contexto de la nacionalización de la empresa Sidor, como así también, determinar la existencia de comunicaciones que se hayan registrados entre los imputados en ese período", agregó Martínez De Giorgi.

El procesamiento por el tramo vinculado a supuestos pagos ilegales de la empresa Techint fue dictado el 17 de septiembre de 2018 por el fallecido juez federal Claudio Bonadio.

El pago en cuotas del medio aguinaldo ya es oficial

El Gobierno oficializó la decisión de pagar en cuotas el medio aguinaldo correspondiente al mes de junio de todos los empleados públicos nacionales cuyo Sueldo Anual Complementario (SAC) supere los 40.000 pesos brutos, en el marco de las restricciones fiscales del Estado producto de la pandemia del coronavirus. Así lo estableció por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 547/2020.