Causa por espionaje ilegal del macrismo
Allanaron el penal de Ezeiza
Hallaron parte del cableado presuntamente utilizado para realizar el espionaje a los detenidos
Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron ayer distintos espacios del penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre políticos, periodistas, dirigentes sociales e, incluso, sobre exfuncionarios que estuvieron detenidos en esa cárcel.
El allanamiento lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y también incluyó tareas de la Gendarmería, que se encargó del perímetro de la cárcel de Ezeiza.
La medida fue dispuesta después de que trascendiera que, durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo un grupo de exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se habría dedicado a espiar dentro de la cárcel de Ezeiza. Según trascendió, durante el operativo se encontraron restos de cableado que habría servido para el espionaje ilegal que está siendo investigado.
Días atrás, el juez Villena había allanado las oficinas de la Dirección de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el sector de inteligencia conocido por el nombre de “Area 50”; también en búsqueda de elementos que permitieran determinar si se realizaron maniobras de espionaje ilegal en las cárceles federales.
Del operativo realizado en el “Area 50” habrían surgido elementos que precipitaron el nuevo allanamiento; aunque algunos datos surgieron también de audios difundidos por un programa de televisión en los que agentes de inteligencia hablaban de “alambrar” la cárcel (poner micrófonos), que fueron incorporados en estos días al expediente.
En ese penal estuvieron detenidos, entre otros, el exvicepresidente Amado Boudou; el exsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia y actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el dirigente Luis D’Elía; y el exfuncionario Carlos Kirchner, primo del expresidente.
Fuentes judiciales informaron que, en simultáneo, se realizaron ayer procedimientos en los domicilios de distintas personas vinculadas al SPF, entre las que se destacan el recientemente renunciado titular de la Dirección de Análisis de Información, Cristian Suriano, y Fernando Carra, quien oficiara de asesor del también renunciado jefe del SPF, Emiliano Blanco.
El supuesto espionaje sobre distintos sectores del penal de Ezeiza ya había sido denunciado antes por abogados de distintos detenidos, como el empresario Lázaro Báez, que hicieron públicas sus sospechas de que los escuchaban cuando hablaban por teléfono o se reunían dentro del penal con sus defendidos.
La causa de Lomas de Zamora se disparó tras la declaración de un supuesto narcotraficante que en febrero de este año dijo haber sido contratado por la AFI para darle “un susto” a un exfuncionario del Ministerio de Defensa.
En ese expediente, tras una serie de allanamientos se recolectaron fotos, videos y audios que robustecieron la hipótesis de la existencia de una célula de espionaje que reunía información sin ninguna autorización judicial.
Entre las presuntas víctimas de la organización ilegal se encuentran la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun; la diputada nacional Graciela Camaño; el gremialista Luis Barrionuevo, el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.
Cristina y Larreta, querellantes
En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron esta semana en solicitar ser tenidos por querellantes en el marco de la causa en la que se investiga si ambos fueron víctimas de espionaje ilegal durante la presidencia de Mauricio Macri.
Los planteos formulados el lunes por la expresidenta y ayer por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires configuraron un escenario de virtual acercamiento entre rivales políticos dado que coloca a ambos en el lugar de víctimas, con la intención de poder ejercer sus derechos en el desarrollo de la causa.
