Rechazaron más del 90% de las excarcelaciones y domiciliarias

Más del 90% de los planteos de excarcelación y prisión domiciliaria por los supuestos riesgos de contagio de coronavirus en las cárceles federales que llegaron a la Cámara Federal de Casación Penal fueron rechazados por “inadmisibles”. Casi 700 pedidos llegaron al máximo tribunal penal del país desde el inicio de la pandemia vinculados a la libertad, prisiones domiciliarias, cese de prisión, morigeración de cautelares, libertades condicionales y libertades asistidas.

Dentro del 7% u 8% que no fueron rechazados, la mayoría fueron fallos en los que se decidió reenviar el caso a los tribunales inferiores para que dictaran un nuevo pronunciamiento atento a las recomendaciones esgrimidas por la propia Casación en su acordada número 9 de este año.

Casación recomendó “a los Tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder”, respecto de personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, personas que estén próximas a cumplir la pena impuesta, personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión; mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas, entre otros.

En la misma acordada, ordenó “meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso”.

En la minoría de casos en los que Casación no declaró la inadmisibilidad de los planteos se encuentran varios fallos en los que la Sala II de ese tribunal podría facilitar las prisiones domiciliarias de distintos detenidos por delitos de lesa humanidad, lo que generó malestar entre organismos de derechos humanos.

“Lo que hacen los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques desde la Sala 2 de Casación es sistemático: resolución tras resolución a favor de beneficios para genocidas”, se quejó la organización HIJOS Capital en su cuenta de Twitter el pasado 15 de agosto tras un fallo que benefició a Rogelio José Martínez Pizarro (71), jefe de Sanidad de la ESMA entre 1977 y 1978.

Ese día, con los votos de los jueces Yacobucci y Mahiques, y la disidencia del magistrado Alejandro Slokar, la Casación anuló el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que había rechazado otorgar la domiciliaria al represor Martínez Pizarro y le ordenó que vuelva a evaluar esa posibilidad el marco de la pandemia del coronavirus.

La misma fórmula ya había sido utilizada por esa misma sala en beneficio de Lucio Nast (66), condenado a 22 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex-Jefatura de Policía de Rosario.

Fallos similares dictó la sala de Casación en relación a planteos formulados por los represores de Bahía Blanca Osvaldo Bonini, Ricardo Claudio Gandolfo y José Antonio Maidana.

Otro caso que encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos fue el de Marcelo Cinto Courteaux (72), que está siendo sometido a juicio oral y público por 88 hechos cometidos mientras fue el jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares que funcionó en Campo de Mayo.

Corteaux -que también recibió un fallo de la Sala II que ordenó reevaluar la posibilidad de enviarlo a prisión domiciliaria- está detenido en el penal de Ezeiza desde 2017 tras estar prófugo durante tres años.

Deuda - Propuesta del Gobierno

Cláusulas de confidencialidad a bonistas en la negociación

El Gobierno argentino invitó a representantes de fondos de inversión a firmar cláusulas de confidencialidad para negociar la propuesta de canje de deuda, informó ayer el Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de Argentina.

“Argentina ha invitado a ciertos representantes del Grupo de titulares de bonos a firmar un acuerdo de confidencialidad para entablar negociaciones con el Ministerio de Economía sobre la reestructuración de la deuda”, indicaron en un comunicado.

Desde la cartera económica confirmaron el reinicio de las cláusulas de confidencialidad, al ser consultados por Télam.

Según el comité de bonistas, “se entiende que a los representantes de ciertos otros grupos de acreedores también se les ha pedido que firmen acuerdos de confidencialidad con el mismo propósito”.

“El Grupo de titulares de bonos de Exchange sigue comprometido con la propuesta de reestructuración integral que presentó a Argentina el 15 de mayo de 2020”, agregaron.

La propuesta “proporciona una estructura de deuda sostenible para Argentina” y representa un compromiso de buena fe al tiempo que protege los derechos clave de los Titulares de Bonos de Cambio en virtud del Contrato de 2005”, completaron.

El Grupo de Titulares de Bonos de Canje está compuesto por 18 instituciones de inversión y colectivamente posee más del 15% de los Bonos de Canje en circulación emitidos por Argentina bajo su Acuerdo de 2005 y el suplemento de 2010.

La Argentina pospuso la fecha del cierre de la operación, luego de que la semana pasada los tres grupos de acreedores más grandes del país presentaran sus contraofertas que denotaron un acercamiento con la posición oficial.

Profundizarán investigación de fuga de capitales

La Comisión Bicameral de Deuda Externa del Congreso volverá a reunirse con el objetivo de profundizar el informe del Banco Central que reveló días atrás que durante el macrismo se facilitó “la fuga de capitales por más de 86.000 millones de dólares”. La convocatoria fue rechazada por la oposición. El diputado del Frente de Todos, Itai Hagman, solicitará el nombre de los funcionarios que actuaron y el detalle de las operaciones.