La Corte Suprema no llegó a un acuerdo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación no llegó a un acuerdo para definir el reclamo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli (foto), desplazados por el Gobierno.

Los ministros analizaron el tema en una reunión celebrada por videoconferencia a través de la plataforma Zoom. El encuentro de los miembros del máximo tribunal duró 40 minutos en los que se trató el planteo de los magistrados sin que pudieran llegar a un voto de mayoría.

Según se pudo saber hay posturas de dos ministros de la Corte que podrían llegar a acercarse mientras que el resto considera que debe seguir analizándose la cuestión. Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti continuarán estudiando el tema que podría estar resuelto mañana o la semana que viene.

El caso

Los jueces federales fueron removidos de los lugares que ocupaban con la participación del Consejo de la Magistratura y del Senado, y concretada por tres decretos que dictó el Poder Ejecutivo Nacional.

Luego de que la Corte admitió el recurso extraordinario por salto de instancia interpuesto por Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el gobierno difundió el pedido de juicio político contra Rosenkrantz, medida implementada por el diputado Leopoldo Moreau.

Los tres magistrados llegaron con su pretensión al máximo tribunal luego de que la primera instancia del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal rechazara la acción de amparo iniciada por los jueces para evitar que se anularan sus traslados.

Hace 32 días

El pasado 29 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó la decisión de aceptar el recurso extraordinario por salto de instancia -per saltum- interpuesto por los jueces que investigaron a Cristina de Kirchner desplazados por el gobierno.

En esa oportunidad, en el voto unificado de Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti, consideraron que se produjeron acontecimientos “que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores, privándolos de un acceso efectivo a justicia”. A su vez, remarcaron que “es preciso reconocer que el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales.”