Una deuda sin saldar: el acceso a la vivienda

Escribe Nancy Musa DE NUESTRA REDACCION

La Cámara de Diputados comenzó la semana pasada el debate por la modificación de la Ley de Alquileres. Un tema que divide las aguas entre los que quieren dejar en manos del mercado las regulaciones y los que consideran elemental la presencia del Estado poniendo una serie de requisitos.

Si buscamos en la historia de nuestro país, existen antecedentes de leyes que regularon las relaciones entre propietarios e inquilinos. Durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Emergencia 11.157.

La norma, promulgada en 1920, fijó la congelación del precio de los alquileres por el plazo de dos años. La oposición de los partidos conservadores y los principales medios de comunicación fue contundente y basada en la “inconstitucionalidad” de la ley.

Apelando al artículo de la Constitución que establecía que todos los habitantes de la Nación, tienen entre sus derechos la de disponer de su propiedad”.

El tema llegó a la Corte Suprema y el máximo tribunal la consideró constitucional en 1922.

La mayoría de los historiadores pintaron la situación de ese momento como dramática. Cientos de familias se veían imposibilitadas de pagar el alquiler y “quedaban en la calle”. Los inquilinos venían realizando protestas y el gobierno impulsó la ley con el apoyo del Partido Socialista, entre otros.

Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, se mantuvo el congelamiento de los precios de los alquileres y en 1948 se sancionó la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal que dio el beneficio a los inquilinos de tener prioridad para la adquisición de la propiedad que arrendaban.

De acuerdo a declaraciones de la investigadora Teresa Boselli: “Entre 1947 y 1955 (los dos primeros gobiernos de Perón, en los que se dictaron la Ley de Propiedad Horizontal en 1948 y la primera  Ley Nacional de Vivienda dentro del 2º Plan Quinquenal, entre otras leyes y acciones en este rumbo) se construyeron alrededor de 500 mil viviendas nuevas. No todas a través de acción directa (en general con componente importante de subsidio y dirigida a los sectores de menores ingresos), sino también por acción indirecta (créditos del BHN para otros sectores con capacidad de ahorro).”

Las primeras reuniones

En el encuentro del martes pasado, en la Cámara de Diputados se empezó a delinear la agenda de trabajo del grupo asesor del cuerpo legislativo para poder emitir un dictamen de consenso con base en los doce proyectos presentados por legisladores de diferentes fuerzas políticas.

Los legisladores escucharán diferentes voces, entre ellas las asociaciones que nuclean a propietarios e inquilinos.

Uno de los temas que está en discusión es la posibilidad de implementar un impuesto a la vivienda ociosa. Los que defienden esta postura, aluden a diversos lugares del mundo que fijan tributos a los propietarios que tienen sus inmuebles vacíos durante varios meses. Entre los países mencionados, se encuentran Canadá, Australia, Francia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Uruguay, entre otros.

Sin embargo, es uno de los puntos más complicados de aplicar en una ley nacional. Al respecto, el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, opinó que ese tipo de tasas debería ser implementada por gobiernos locales y dio como ejemplo a las ciudades de Madrid, Montevideo y Berlín.

Un problema estructural

El acceso a una vivienda digna está contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución nacional. Sin embargo, el déficit habitacional es una de las principales problemáticas social del país.

De acuerdo a la Encuesta permanente de hogares, realizada en 2017, en Córdoba existen 259 mil hogares residiendo en casas precarias, en condiciones de cohabitación o en condiciones de hacinamiento. Más de 110 mil son familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza. En los últimos años, el problema se incrementó.

En tanto, en el país y de acuerdo al Censo 2010, el déficit habitacional era de 1.300.000 viviendas.

En 2020, los datos indicaron que 3.800.000 hogares tenían necesidades habitacionales insatisfechas. En 2001 esa cifra era de 2.600.000. Es evidente que las medidas tomadas por el Estado en este sentido han sido insuficientes en los últimos setenta años.

La mayoría de los trabajos realizados sobre este tema coinciden en un punto: “El último gobierno que abordó integralmente el tema viviendas fue el de Perón”.

Desde el inicio de la democracia, en 1983 hasta el año 2015, se estima que el Estado entregó casi un millón de unidades habitacionales.

Las mayores cifras se dieron en la década del 90 y de 2003 a 2015.

Hoy, un 20% de la población alquila.

El ministro Ferraresi indicó que “hay tres millones de alquileres y se inscribieron en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) no más de 230 mil contratos”. Uno de los puntos que explica las falencias de la ley vigente.

Sobre las políticas habitacionales que están llevando a cabo remarcó:  "Entregamos más de 40 mil y estamos construyendo 104 mil con una proyección de entregar 100 mil viviendas por año."

Los diputados tienen una ardua labor en estos días para llegar a un acuerdo y establecer una norma que realmente alivie la situación de los inquilinos. "Actualmente,  hay varios proyectos presentados. Nuestra labor en esta etapa no se trata de priorizar algunos proyectos por sobre otros, se trata de construir consensos y llegar a un acuerdo para aliviar a la gente", expresó una de las legisladoras del Frente de Todos.

La Cámara intenta resolver la cuestión en los próximos 30 días, en tanto el sueño de la casa propia sigue siendo inalcanzable para la mayoría de los trabajadores.­­

CLASIFICADOS

“Es posible construir un modelo productivo, lo que pasa es que no se trata solo de temas económicos. Estoy convencido de que con la grieta que tenemos es difícil salir adelante, si los argentinos no somos capaces de generar mínimos consensos en términos de hacia dónde queremos ir va a ser muy difícil articular un plan de desarrollo que pueda funcionar.

No son solamente temas económicos, se deben incluir temas políticos, institucionales, culturales y sociales”.

Carlos Seggiaro, economista y director del Banco de Córdoba

“Tenemos que castigar al tipo que plantea que tenemos que cambiar el peso por el dólar, el problema de la moneda es de soberanía, no técnico. Hay mucha gente en la Argentina para defender este país, como para que venga cualquier papagayo para plantear que tenemos que cambiar el peso por el dólar”.

Pedro Peretti, extitular de la Federación Agraria

“Celebro que tengamos dirigentes que salgan al interior, pero voy a esquivar estas situaciones de estar hablándonos encima. Para eso no van a contar conmigo. Este año 2022 debe servirnos para trabajar, para armar un programa de gobierno para los cordobeses”.

Rodrigo de Loredo, diputado nacional de Juntos por el Cambio

“Quiero ser gobernador porque amo a mi provincia. Quiero aportarle a Córdoba desde donde sea, creo que puedo ayudarla y conducirla en un proceso de articulación que signifique integrarla, creo que en mi paso por la vida pública he articulado con los diferentes. Soy un hombre de diálogo y creo que Argentina nos necesita unidos, porque estamos al borde de la inviabilidad”.

Gustavo Santos, diputado nacional de Juntos por el Cambio