“Atrás del recorte hay vidas”

En medio de la discusión nacional por la continuidad de las políticas destinadas al sector de la discapacidad y frente al debate sobre el Presupuesto 2027, las familias de personas con discapacidad atraviesan un escenario marcado por la incertidumbre.

Así lo planteó Patricia Juncos, integrante de la organización local Hablemos de Autismo y Neurodiversidad, durante una entrevista realizada para el programa “Mejor que ayer”, de Leonela Puente y Juan Seia.

Para Juncos, el problema excede ampliamente una discusión presupuestaria. Detrás de las modificaciones que se analizan, sostuvo, hay personas que necesitan tratamientos, medicamentos, acompañamientos y prestaciones que resultan indispensables para sostener su vida cotidiana.

“Quienes estamos atravesando la discapacidad lo estamos pasando muy mal; ya hace más de un año que lo estamos pasando muy mal con incertidumbres, con recortes de medicación. Hay centros terapéuticos que se han cerrado. Es muy cruel lo que se está viviendo hoy en día”, expresó.

Prestadores en crisis

Uno de los puntos que marcó la referente local es la situación de los profesionales y centros que brindan servicios a personas con discapacidad. Según explicó, persisten los atrasos en los pagos y los valores de las prestaciones no permiten, en muchos casos, sostener las estructuras que trabajan diariamente con las familias.

“No en vano se están cerrando centros terapéuticos, ya no pueden sostener. Hay lugares que tienen que pagar el alquiler, que tienen que costear los gastos de todo, y no llegan”, señaló.

Juncos puso también el foco en los transportistas y terapeutas, quienes, además de acompañar a las personas con discapacidad, necesitan que su actividad sea económicamente sostenible.

“Pueden amar su trabajo, pero necesitan una vida digna como el resto de las personas. Y cuando hablo de una vida digna también tiene que ver con cobrar lo que corresponde”, sostuvo.

La situación repercute directamente sobre las familias. La interrupción de una prestación puede significar, por ejemplo, que un niño deje de contar con el acompañamiento necesario para asistir a la escuela. “Si vos, siendo mamá, te quedás sin terapia para tu hijo y en la escuela te dicen que sin ese terapeuta no puede entrar, tu hijo se queda sin educación”, explicó.

Una preocupación que excede a las familias

Otro de los aspectos señalados por Juncos fue la necesidad de que la sociedad comprenda que la discapacidad no constituye una problemática ajena. En ese sentido, insistió en que cualquier persona puede atravesar una situación de discapacidad o tener un familiar que necesite prestaciones específicas.

“Hasta que no tenés un familiar que tiene una discapacidad, es difícil darte cuenta por lo que uno atraviesa”, planteó.

La integrante de Hablemos de Autismo y Neurodiversidad consideró además que las discusiones legislativas y presupuestarias no siempre resultan comprensibles para las familias. Por eso, desde las organizaciones buscan explicar qué implican las modificaciones que se plantean y cuáles podrían ser sus consecuencias concretas.

Entre los temas que generan preocupación mencionó posibles cambios vinculados con las pensiones no contributivas y con el nomenclador que establece valores de referencia para las prestaciones.

 Según explicó, el sistema busca que las personas puedan acceder a terapias independientemente de su capacidad económica.

“Hay personas que tienen la plata para pagar una obra social, para pagar las terapias y demás; pero hay personas que no cuentan con eso. Entonces entre todas las obras sociales lo que se hace es tener un estándar de pago, que sea para todos iguales”, explicó.

Para Juncos, la discusión no puede reducirse a números o partidas presupuestarias.

“No estamos hablando de números. Atrás del recorte hay vidas”, remarcó.

Y sintetizó el sentimiento que atraviesa a muchas familias: “Es una mezcla de enojo, de angustia y de lucha”.

En ese contexto, sostuvo que las organizaciones continuarán reclamando que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad y que las decisiones que se adopten contemplen las consecuencias concretas que tienen sobre quienes necesitan diariamente tratamientos, medicamentos, transporte y acompañamiento.

“Tenemos que salir a pelear por los derechos de nuestros hijos”, afirmó.

Pero también planteó que esa responsabilidad no debería quedar únicamente en manos de las familias: “La sociedad empiece a entender que todos tenemos que ponernos del otro lado del charco alguna vez, porque no sabemos qué nos puede pasar el día de mañana”.

Discapacidad y ANDIS: siguen los escándalos

?La situación de las personas con discapacidad, además, se encuentra atravesada también por el escándalo que desde 2025 investiga el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La causa comenzó a partir de una serie de audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se describía un presunto esquema de cobro de retornos vinculados con la compra de medicamentos e insumos.

Spagnuolo, quien inicialmente había cuestionado la autenticidad de las grabaciones, reconoció la semana  pasada en una presentación judicial que la voz de los audios atribuidos a él “pareciera ser” la suya. La admisión se produjo mientras la Justicia continúa investigando el origen de las grabaciones y su contenido.

En esas grabaciones se menciona un supuesto mecanismo mediante el cual proveedores debían entregar porcentajes de las contrataciones. Una de las frases atribuidas a Spagnuolo señala que “a Karina le llega el 3%”. Se trata de una acusación que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero que forma parte de la hipótesis investigada judicialmente, pero que no es un hecho comprobado.

En septiembre, además, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Spagnuolo y de otros 18 imputados en la causa. Según la resolución, la investigación reunió, además de los audios, documentación y comunicaciones que los magistrados consideraron indicios de contrataciones direccionadas, sobreprecios y presuntos pagos indebidos en el organismo durante la gestión de Spagnuolo.

A ese expediente se sumó ahora otro elemento: las auditorías realizadas durante la gestión de Alejandro Vilches, quien posteriormente presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad. Los informes incorporados a la investigación judicial detectaron diferencias muy significativas entre los precios abonados por la ex-ANDIS y los de otros organismos públicos.

Uno de los relevamientos encontró casos en los que los valores pagados por la agencia llegaron a superar varias veces los precios de referencia. En determinados insumos, las diferencias informadas llegaron a superar el 4.000%, mientras que otros análisis detectaron productos adquiridos a valores de hasta 20 veces superiores a los abonados por el PAMI. Y así, mientras las familias y los prestadores reclaman por la falta de actualización de aranceles, los atrasos en los pagos y las dificultades para sostener tratamientos y servicios, la propia agencia que administra recursos destinados a la discapacidad quedó en el centro de una investigación que analiza presuntas irregularidades, contrataciones y sobreprecios. En este contexto, las personas con discapacidad sufren.

La Justicia deberá determinar las responsabilidades correspondientes. El contraste entre esas investigaciones y las dificultades que atraviesan cotidianamente las personas con discapacidad constituye, sin embargo, uno de los elementos que alimentan el reclamo de las organizaciones del sector.

Podes escuchar la entrevista completa acá: