Economía: un futuro incierto

El Gobierno nacional mantendrá durante los próximos meses el rumbo de su política económica, sin avanzar en medidas destinadas a impulsar de manera directa la actividad. Esa es una de las principales conclusiones del último informe sectorial elaborado por el economista villamariense Carlos Seggiaro, quien advierte que las expectativas de recuperación del mercado interno en la región pampeana deberán esperar, al menos, hasta el segundo cuatrimestre de 2027.

Seggiaro señala que el presidente Javier Milei y los principales referentes de su gabinete ratificaron la continuidad del programa económico y plantea que las prioridades oficiales seguirán concentradas en dos objetivos: sostener el superávit fiscal y mantener controlada la inflación.

En ese sentido, el economista resume el escenario que viene con una definición contundente: “no habrá en lo que resta del año medidas tendientes a reactivar la economía”.

Tampoco, según su análisis, habrá medidas destinadas a mejorar la competitividad cambiaria ni señales relevantes para recuperar el poder adquisitivo. “La prioridad seguirá puesta en bajar la inflación y sostener el superávit fiscal, ‘cueste lo que cueste’”, sostuvo Seggiaro.

Los reclamos empresarios

El diagnóstico aparece en un contexto en el que distintos sectores empresarios vienen reclamando modificaciones al esquema económico. Seggiaro menciona particularmente a la Unión Industrial Argentina, que planteó tres ejes: una reducción de las tasas de interés para estimular consumo e inversión, una mejora parcial del tipo de cambio para las empresas que compiten con importaciones y mayor flexibilidad del gasto público.

Sin embargo, para el economista, las señales emitidas desde el Gobierno permiten descartar cambios sustanciales durante el cierre de este año.

“Los distintos actores económicos fueron tomando nota de esta situación a lo largo de los últimos meses”, afirmó. Como consecuencia, explica, fue perdiendo fuerza la expectativa de una mejora en la cotización del dólar, algo que también puede observarse en las cotizaciones del dólar futuro en el mercado MATBA-ROFEX.

Mirada sobre la región

Para Córdoba y el conjunto de la región pampeana, el horizonte que plantea Seggiaro se ubica más adelante.

“Las expectativas de alguna señal de reactivación en torno al funcionamiento del mercado interno deberán esperar al segundo cuatrimestre de 2027”, indicó.

El factor que podría generar ese cambio de escenario sería una combinación de producción y precios: una muy buena cosecha gruesa, acompañada por valores internacionales favorables, permitiría que mayores recursos llegaran a la región y generaran un efecto de derrame sobre las economías locales.

Los dólares que están “debajo del colchón”

Otro de los ejes del informe es la llamada Ley de Inocencia Fiscal II. Seggiaro señala que la nueva norma busca ofrecer mayores condiciones de seguridad jurídica para las personas que poseen dólares no declarados y decidan incorporarlos al circuito formal.

Según el informe, la normativa elimina los topes para ingresar al régimen, flexibiliza el concepto de discrepancia significativa y establece como fecha límite para adherir el 31 de diciembre de 2027.

Uno de los cambios que destacó el economista es que “la nueva norma invierte la carga de la prueba”. En otras palabras, el fisco presumirá que los bienes declarados son correctos y, ante una sospecha de evasión, deberá demostrarla con la información disponible.

En paralelo, ARCA extendió hasta el 13 de octubre el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias correspondiente al período fiscal 2025, aunque la prórroga no modifica el vencimiento para el pago del saldo.

Nuevo fondo laboral

El tercer eje del informe es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la Ley 27.802.

El mecanismo contempla aportes equivalentes al 2,5% de la masa salarial para las pymes y del 1% para las grandes empresas. Los fondos tendrán un patrimonio separado y estarán destinados específicamente al pago de indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales.

El sistema está previsto para comenzar a funcionar el 1 de noviembre, aunque todavía restan reglamentaciones de ARCA y de la Secretaría de Trabajo. Seggiaro estima que el nuevo instrumento podría movilizar unos 2.000 millones de dólares anuales, lo que generaría además una fuerte competencia entre bancos, sociedades de bolsa y ALyCs por captar a las empresas.

Biocombustibles

Finalmente, Seggiaro analizó la reforma de la Ley de Biocombustibles que obtuvo media sanción del Senado.

El proyecto mantiene durante el primer año un corte obligatorio del 12% de bioetanol en las naftas y establece elevarlo al 15% dentro de los doce meses posteriores a la sanción definitiva. Para el biodiésel, el corte obligatorio en el gasoil llegaría al 10%.

El economista destacó que “los biocombustibles permiten reemplazar una parte del consumo de combustibles fósiles por producción nacional”, aunque advierte que la discusión sobre precios, cupos, empresas integradas y participación de las pymes continúa abierta.

Con la media sanción del Senado, el proyecto quedó ahora en manos de Diputados. Para Seggiaro, si finalmente avanza, se abrirá “una transición de varios años” en la que deberán redefinirse aspectos vinculados con el abastecimiento, la competencia, las economías regionales y los precios de los combustibles.

Menos obra pública nacional

El Ministerio de Economía blanqueó esta semana que, “sobre una cartera de 2.339 obras, se dispuso la baja o el inicio de procesos de rescisión de 1.683, al tiempo que 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia a las respectivas provincias y municipios”.

De esa manera, bajo la gestión del Estado nacional quedaron solamente 199 proyectos, principalmente vinculados a energía, infraestructura vial (para lo cual se lanzó el proceso de concesión de corredores de alto tránsito) y ferroviaria; estas últimas, en el marco de la emergencia declarada en el sector luego del accidente ocurrido en Palermo en 2024.

El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de mantener el actual superávit en sus cuentas, al señalar que “la inversión pública debe mantenerse en niveles compatibles con las capacidades fiscales del Estado, en consistencia con las prioridades de política presupuestaria y compatible con el escenario macroeconómico”.