Reclamo conjunto desde el sur cordobés por la Zona Fría

Antes que el Senado de la Nación aprobara la modificación de la llamada “Zona Fría”, el auditor general de Villa María, Rafael Sachetto, y el defensor del Pueblo de Río Cuarto, Daniel Frangie, unieron gestiones institucionales y enviaron una carta a cada senador para que antes de votar, sepan el perjuicio económico y productivo que puede causar la eliminación de gran parte del territorio provincial del área considerada “Zona Fría”, que mantiene descuentos al servicio de gas natural.

Al respecto, Sachetto dijo que hace un tiempo advirtieron “que corría peligro la zonificación para una tarifa diferencial de nuestra región, fundamentalmente todo el sur provincial, porque se había iniciado el debate para eliminar la zona fría en este esquema de política fiscal de ir eliminando de manera sostenida todos los subsidios y todas las tarifas diferenciadas”.

La preocupación central radica en que la iniciativa introduce modificaciones sustanciales al esquema que se había aprobado en 2021, “que había fijado un horizonte de previsibilidad y seguridad jurídica para los usuarios hasta el 31 de diciembre de 2031”.

Uno de los ejes más cuestionados por las defensorías locales es la inequidad que introduce el nuevo sistema.

Los habitantes de Villa María, Río Cuarto y gran parte del sur provincial dejan de percibir el beneficio diferencial en sus facturas de gas, pero continúan aportando obligatoriamente a través del fondo fiduciario que sostiene ese beneficio.

Sobre este punto, el auditor General remarcó una de las mayores contradicciones del proyecto: “Los usuarios de Villa María del servicio de gas van a seguir aportando al fondo, pero no van a recibir sus beneficios”, detallando además que esto incluirá “una gran variante: la modalidad inicial plantea eliminarlo para nuestra zona y dejarlo para área muy pequeña de la Argentina, pero todos vamos a seguir aportando un fondo”.

A esto se suma que la quita de la tarifa diferencial provocará un incremento directo estimado entre un 30% y un 50% en el monto final de las facturas, agravando los problemas de pago recurrentes que los vecinos ya registran con los servicios públicos. “Imagínemos lo que hoy pagamos en la tarifa de gas... eso va a tener un costo adicional o un aumento de hecho de entre un 30 y un 50% más”, graficó Sachetto.

Sin certezas

Los organismos defensores también advirtieron sobre la ambigüedad en la implementación práctica del nuevo esquema y la delegación de facultades al Ejecutivo para modificar los criterios de acceso de forma discrecional. Al respecto, Sachetto señaló que la normativa deja “en manos del Ejecutivo de manera arbitraria las posibilidades de modificar las condiciones en las que ese fondo determinaba la cuantía y la modalidad”.

Frente a este panorama, Villa María y Río Cuarto propusieron al cuerpo legislativo evaluar alternativas superadoras, tales como complementar el criterio territorial vigente con parámetros socioeconómicos estrictos para proteger a los sectores de mayor vulnerabilidad o implementar esquemas estacionales que contemplen las necesidades reales de calefacción.

Sin embargo, el Senado aprobó el cambio de régimen en un recinto semi vacío, que tuvo la salida de varios opositores que entendieron que la votación estaba perdida.

A pesar de contar con el voto negativo de un puñado destacado de aliados, La Libertad Avanza se alzó con la norma en la sesión por 38 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones.

Miles afuera

Se estima que 680 mil cordobeses pierden el beneficio del descuento en la factura.

Los senadores Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez acompañaron con su voto positivo esa quita que afecta a trece departamentos.

Mientras, la senadora Alejandra Vigo, quien había expresado su rechazo al igual que el gobernador Martín Llaryora, se ausentó de la cita.

Claves de la carta conjunta

Estas son las claves de la misiva enviada por Sachetto y Frangie a cada senador.

-Ruptura de la previsibilidad: la reforma altera de forma anticipada un régimen cuya vigencia había sido fijada por ley hasta el 31 de diciembre de 2031, afectando las economías domésticas.

-Impacto directo en los bolsillos: advierten que la pérdida del beneficio empujará a miles de hogares del sur cordobés a afrontar cuadros tarifarios plenos, golpeando con dureza el presupuesto mensual en un contexto crítico.

-La paradoja del aporte sin beneficio: cuestionan que los usuarios locales que queden fuera del esquema continuarán fondeando obligatoriamente el sistema mediante el recargo en las facturas.

-Delegación de facultades y discrecionalidad: alertan que el proyecto deja en manos del Poder Ejecutivo la potestad futura de modificar los criterios de acceso y las condiciones del fondo de manera arbitraria y sin control legislativo.

-Falta de certezas operativas: reclaman la ausencia de información sobre la instrumentación práctica, plazos de transición o la exigencia de nuevos trámites de empadronamiento para los usuarios actuales.

-Propuestas superadoras: proponen un esquema mixto que complemente el criterio territorial con parámetros socioeconómicos focalizados o la implementación de tarifas estacionales, evitando medidas regresivas.