Un proyecto busca frenar el avance foráneo sobre Fabricaciones Militares

Mientras el Gobierno nacional espera por “inversores privados extranjeros” que se hagan cargo de Fabricaciones Militares, como una especie de privatización encubierta, finalmente llegó un proyecto al Congreso de la Nación para frenar este avance, justo cuando se habla de la importancia de la soberanía nacional y luego de una protesta que se llevó a cabo en Villa María, frente al polvorín.

Concretamente, el diputado rosarino Agustín Rossi, exministro de Defensa, presentó ese proyecto de ley para evitar la maniobra del Ejecutivo, que puede terminar con toda la producción argentina en manos de extranjeros.

Precisamente, según expuso en sus redes sociales, el legislador peronista considera que lo que el Gobierno de Javier Milei quiere hacer es una privatización en modo encubierta en las sedes militares de Villa María, Río Tercero, Fray Luis Beltrán (Santa Fe) y Azul (Buenos Aires).

De esta manera, el nuevo proyecto de ley de Rossi propone que cualquier esquema de cooperación o asociación que implique transferir el control de estas fábricas deberá ser sometido al Congreso y contar con una ley especial que lo autorice.

“El Gobierno no puede hacer por vía administrativa lo que el Congreso rechazó por ley. Buscamos preservar bajo control del Estado nacional la capacidad productiva de Fabricaciones Militares y evitar que estas medidas debiliten nuestra industria nacional para la defensa”, puntualizó.

Para Rossi, lo que la administración libertaria pretende hacer es que empresas privadas se queden con el control total por extensos períodos.

“El Gobierno pretende entregar a operadores privados el control de las cuatro fábricas militares durante períodos de hasta 35 años, con mayoría privada en la conducción y gestión exclusiva de las operaciones. Esto es una privatización encubierta: el Congreso ya decidió en dos oportunidades que Fabricaciones Militares no está sujeta a privatización”, señaló el ministro, en diálogo con medios nacionales.

El antecedente

Rossi recordó que el Congreso ya se pronunció sobre estas plantas: en 2015 derogó expresamente su declaración como sujetas a privatización y, en 2024, Fabricaciones Militares quedó fuera del listado de empresas sujetas a privatización de la Ley Bases.

La iniciativa busca preservar la capacidad productiva y los puestos de trabajo. Hasta que el Congreso se pronuncie, establece que el Estado deberá mantener las capacidades instaladas y no podrá disponer cierres, paralizaciones, desafectación de líneas productivas, enajenación de maquinaria estratégica o reducciones de personal técnico especializado que comprometan su funcionamiento. También garantiza la continuidad de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo.

Asimismo, el proyecto encomienda a la Auditoría General de la Nación una auditoría integral del procedimiento y de la evolución productiva, patrimonial y de la dotación de Fabricaciones Militares desde enero de 2023. También dispone que el Poder Ejecutivo presente en un plazo de 180 días un plan de sostenimiento, modernización e inversión, con participación del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, los sindicatos y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Rossi le dio forma a un reclamo que viene haciendo ATE?y que también concretó su colega de la Cámara baja, la cordobesa Gabriela Estévez.

Mientras tanto, Rodolfo Aguiar, titular de la entidad gremial, aseguró que “el conflicto se va a profundizar si no hay respuesta por parte del Gobierno”.

Así, los trabajadores siguen en alerta por lo que pueda suceder en los próximos días.