Edad de imputabilidad desde los 14, entre encierro y nuevas alternativas

Córdoba adhirió a la ley nacional en lo Penal Juvenil que, entre otros aspectos, definió que la imputabilidad rige a partir de los 14 años. Para conocer cómo aplicarán la normativa, es que entrevistamos a Nerina Gamero, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Villa María.

En primer lugar, dejó en claro que con esta legislación o la anterior, si un adolescente de 14 o 15 años cometía un delito, en el Juzgado abordaban la problemática siempre buscando alternativas y con seguimiento.

“Ahora, lo vamos a seguir haciendo porque así lo dice la ley”, dijo.

 “La 27.801 introduce varios cambios. Los más importantes son la baja de la edad de imputabilidad, que era de 16 y ahora es desde los 14 años; y también, que se aplica respecto a todos los delitos. En la legislación anterior, los menores punibles de 16 y 17 años se investigaban solo en algunos tipos de delitos”, puntualizó.

Otro cambio es que la nueva normativa “impone un tope de pena para los adolescentes, que no puede superar los 15 años de prisión”.

“Igual, creo que es importante hacer una aclaración: esto no quiere decir que por cualquier delito un adolescente de 14 años va a ser privado de su libertad. Al igual que pasa con los adultos, hay delitos que no te envían directamente a prisión”, indicó.

El proceso

Para entender cómo funcionará el proceso, lo primero que Gamero señaló es que los fiscales son los que investigarán el delito. “Se incrementa la tarea del Ministerio Público Fiscal”, señaló.

El Juzgado de Niñez interviene como juzgado de control “para determinar la legalidad de medidas que pida el fiscal”. Y para juzgarlos, crearon una Cámara de Niñez, Penal y Juvenil, que ya tiene designados a los magistrados, pero no está en funcionamiento. “Hay creada una sola cámara específica para toda la provincia”, informó.

Hasta que se ponga en marcha el nuevo organismo, el juzgamiento lo hacen en la primera instancia.

La clave

Los menores de 18 años que tengan medidas de privación de libertad no irán a cárceles comunes. “En la provincia tenemos el Complejo Esperanza, donde, entiendo, están haciendo algunas reformas”, informó.

La nueva ley se abre a la comunidad y a los gobiernos locales.

Tal como venían trabajando en Villa María, procuran insertar socialmente a los adolescentes. “Para eso le pedimos que estudie, que se capacite en un oficio y que tenga contención en algún lugar donde pueda hacer deportes. También solicitamos, en muchos casos, apoyo terapéutico”, explicó. Sin embargo, es ahí donde falla bastante la comunidad.

“En el sistema educativo, muchas veces no hay bancos y el sistema de salud mental está colapsado, por lo que es difícil conseguir turnos”, dijo.

Lo mismo pasa con los espacios recreativos: “En fútbol sí tenemos, pero no todos quieren hacer ese deporte. Hace dos días tuvimos una audiencia con un joven que quería hacer boxeo, y las operadoras estaban buscando sin encontrar, porque no es fácil que haya este tipo de espacios que sean gratuitos”, señaló.

“El problema de los jóvenes en conflicto con la ley penal debería ser un tema de la comunidad, no asumirlo con una forma expulsiva, porque tienen que saber que no van a estar encerrados todo el tiempo y por todo”, dijo.

“Si realmente se quiere sacar a un adolescente de la calle, necesitamos ofrecerle trabajo, estudio. Eso excede el Poder Judicial, pasa por la comunidad, para que pueda ofrecerle actividades gratuitas de deporte y también que haya fundaciones que se inscriban para que puedan recibirlos en tareas comunitarias”, cerró.