El argumento de la entrega de la soberanía y la dignidad nacional

El Senado nacional tenía previsto tratar hoy el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pomposo nombre con que el desregulador serial Federico Sturzenegger proponía completar la entrega del patrimonio nacional de tierras, agua, glaciares, minerales, bosques y áreas de frontera que quiere llevar adelante el actual representante de intereses foráneos, el patético presidente Javier Milei.

La reacción popular ha logrado que, a escasas horas de la sesión, se retirara el artículo. No obstante, consideramos imperioso expresarnos, en tanto sabemos que el debate debe continuar en agenda.

Se trata del tercer intento de acabar con la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 y que se mantiene vigente por una medida cautelar interpuesta en la justicia por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que logró frenar provisoriamente la derogación completa que suponía el DNU 70/2023. Esta ley establece que se puede extranjerizar hasta un 15% máximo de tierras nacionales en manos de capitales (privados o públicos) de otros países.

Según los datos elaborados por el Observatorio de Tierras de Argentina (PRIHA -FCE-UBA/Conicet-), en la actualidad casi el 5% (4,97% del territorio continental se encuentra en manos extranjeras, que equivale a 13.243.219 hectáreas de las 266.643.213 que componen el terruño (suelo, clima y trabajo) nacional. EE.UU. lidera con 2.700.000 ha (20,4% del total), seguido por Italia con 2.050.000 ha y España con 1.700.000 ha.

El mismo Observatorio de Tierras detecta alrededor de 2,2 millones de hectáreas controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales. Por otro lado, 1,1 millones de ha están en manos de ciudadanos o empresas de Suiza, mientras que otros países con regulaciones fiscales especiales y empresas con propiedad de tierras en Argentina son Singapur, Arabia Saudita, los Países Bajos, Bélgica y Uruguay.

Además de estos datos respecto del origen de los propietarios de ese 5%, el mapa generado por el Observatorio de Tierras, muestra que 36 departamentos de las provincias argentinas superan el límite legal del 15% de extranjerización, con casos críticos que exceden el 50% en provincias como Neuquén, La Rioja y Salta.

En la provincia de Córdoba, el 1,21% de la superficie productiva de la provincia está en manos extranjeras, predominando capitales italianos y españoles, con un creciente incremento de tierras en manos de capitales saudíes. Para traer esta información más cercanamente, baste mencionar que el Departamento General San Martín tiene alrededor del 0,61% de su superficie (3.500 ha) en manos de propietarios extranjeros (italianos principalmente), en tanto que los departamentos limítrofes del nuestro, muestran al Departamento Río Segundo con el 0,42% (2.144 ha), el Departamento Juárez Celman el 0,44%  de su superficie (3.489 ha), el Departamento Unión con el 1,65% de su superficie (17.851 has) y el Departamento Tercero Arriba que tiene el 2,21% de su superficie (11.395 ha) en manos extranjeras.

Qué se discute y qué preocupa

El oficialismo presenta la iniciativa como una reforma destinada a proteger la propiedad privada (sobre la que no hay ninguna amenaza) y atraer inversiones (estas sí, amañadas y prebendarias) como son el RIGI y el Súper RIGI, que no dejarán nada más que tierra arrasada.

Para quienes promovemos profundizar este tema, lo que está en juego es el control de los territorios estratégicos, los intereses que orientan su uso y la soberanía productiva y alimentaria propia y para abastecer parte del mundo.

Desde nuestra postura, la discusión central es determinar si el acceso a la tierra rural debe quedar sujeto principalmente a las reglas del mercado y a las decisiones de cada provincia (presionadas financieramente como están, por el Gobierno nacional), o si corresponde mantener una política federal que preserve límites comunes frente al avance de capitales extranjeros.

Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. Quienes sostenemos el ideario peronista sabemos que la tierra, el agua, los ecosistemas, los minerales y las fuentes de energía que sostienen la vida de las poblaciones urbanas y rurales, pertenecen a los argentinos, sean propietarios o trabajadores.

Alentamos a los legisladores que llegaron al Parlamento mediante el voto del campo nacional y popular, y a todos los que sientan amor por su Patria, a ser fieles a esta tradición de nuestra doctrina e ideario y rechazar contundentemente esta nueva iniciativa entreguista del actual gobierno libertario (estrafalario).

La Patria no se vende, las Malvinas son argentinas, la Tierra para el que la trabaja.

Firman:

Elías Achad, Norman Amaya, Aurelia Baldazza, Richard Gustavo Bertoglio, Mónica Céliz, Andrés Cerón, Verónica Chavero, Estella Cittadini, Marina Crescimbeni, José Fernández, Eugenia

Fiorenza, Jorge Giraudo, Mónica Lazos, Héctor Liberti, Fernando Liwacki, Analía Lynch, María Cristina Machado, Rubén Maita, Jésica Mariotta, Daniel Massara, Juan

Mincciaca, Alicia Molina, Sergio Mónaco, Roxana Mosquera, Gabriel Mussati, Rogelio Negrini, Clyris Oliva, Aldo Paredes, Eva Pathenay, Raúl Pelliza, Mariano Peralta, Camila Perassi, Enrique Pires, Aldo Fernando Rangone, Alejandro Roganti,

Macarena Roganti, Gerardo Russo, Analía Silvano, Rubens Szanzuck, Vanina Tealdi, Otto Wester, Fernando Palacios, Eliana Andrea Villagra, Mariana Olazábal, Myrna Beatriz Sánchez, Sonia Petric, Guillermo Roganti y

Beatriz Vottero