A una década de la sentencia que hizo historia en Córdoba

La sentencia de la megacausa La Perla, dictada el 25 de agosto de 2016, “es un compendio de lo que fue el terrorismo de Estado”, dijo Facundo Trotta, fiscal que estuvo a cargo –primerom como secretario; y después, como fiscal– de la compleja acusación, cuya sentencia se dio hace una década.

Analizaron en esa causa lo vivido por 716 víctimas y condenaron a 38 de los 43 acusados.

Además de la magnitud de la causa, hubo algunas particularidades para destacar.

Primero, abarcó torturas que aplicaron los genocidas desde antes del inicio de la dictadura, cuando el aparato represivo ya estaba presente en Córdoba.

Segundo, se analizó el robo de bebés; y tercero, consideraron como un delito independiente el abuso sexual cometido contra las mujeres víctimas del terrorismo de Estado.

Impacto

En diálogo con la 90.1, laRadio del Centro del País, Trotta dijo que esta causa “junto con el juicio de la ESMA y el de las Juntas, son las más grandes que se hicieron por delitos de lesa humanidad”.

“Nosotros hemos tratado los hechos desde marzo de 1975 hasta diciembre de 1978. Es decir que empezamos a investigar las torturas desde un año antes que iniciara la dictadura”.

“Quedamos conformes con la sentencia desde la Fiscalía, porque hicieron lugar a nuestros pedidos y, además, tuvimos un gran acompañamiento de la ciudadanía, especialmente, el día de la lectura de la sentencia”.

Al ser consultado sobre lo que le dejó ese juicio, Trotta planteó: “Tengo dos sensaciones: por un lado, recuerdo ese temor al iniciar una causa muy grande que parecía inabarcable; y por el otro, una gran satisfacción por el resultado, por el acompañamiento de las víctimas sobrevivientes y sus familias”, dijo.

A 10 años de aquella histórica sentencia, el fiscal federal –villamariense, por cierto–, reconoce que un juicio por delitos de lesa humanidad tiene una repercusión muy grande. “Sobre todo para nuestro país, que ha tomado el proceso de memoria, verdad y justicia como una política de Estado y donde la amplia mayoría de la población acompaña”.

“Es evidente que, por la trascendencia y la magnitud de ese juicio, se convirtió en un proceso que quedará registrado en la memoria”, señaló.

Dentro de esa megacausa hubo un caso particular que procuró hallar al nieto de Sonia Torres, la histórica Madre de la Plaza, sede Córdoba.

“Juzgamos la sustracción de un niño nacido en cautiverio, que era el nieto de Sonia Torres. Sabemos, y así lo acreditó el Tribunal, que Silvina Parodi (hija de Sonia) tuvo al bebé el 14 de junio de 1976, suponemos que en la Maternidad Provincial. Luego la llevaron por un tiempo al Buen Pastor –por entonces, cárcel de mujeres– y de allí perdimos el rastro de ella y su bebé que fue secuestrado. Ella sigue desaparecida y a ese niño lo seguimos buscando”, dijo.

Delitos sexuales

Mencionábamos al principio de la nota que en la causa de La Perla se juzgaron los delitos sexuales de manera independiente de la tortura.

“Esto ocurrió por primera vez, porque, hasta entonces, los delitos sexuales –siempre hablando de la dictadura– eran analizados como una forma más de tormento. Y hay una confusión muy grande, porque es un delito que afecta específicamente la integridad sexual. La tortura afecta la libertad, la integridad física, pero el abuso sexual es un delito específico. Nosotros, junto a la fiscal Virginia Miguel Carmona, lo analizamos con perspectiva de género en el marco del terrorismo de Estado”.

Los acusados permanecieron sin reaccionar en cada audiencia. Al ser consultado sobre eso, Trotta dijo: “La verdad es que no mostraron mínimamente un arrepentimiento; o, por lo menos, un poco de empatía hacia las víctimas para aliviar el dolor y decir dónde están los que faltan. Yo lo dije claramente en mi alegato, esas personas llevaron a cabo crímenes que desafían toda imaginación. Pero bueno, hoy ya sabemos en qué lugar los enterraron (Loma del Torito, en el campo de La Perla) y los estamos encontrando”, concluyó.

La megacausa, en números

El proceso comenzó el 4 de diciembre de 2012 y concluyó con la sentencia el 25 de agosto de 2016.

Durante 353 audiencias declararon 581 testigos y se analizaron los crímenes cometidos contra 716 víctimas en los principales centros clandestinos que funcionaron en Córdoba, tales como La Perla, Campo de la Ribera y el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, conocido como D2.

Cuando terminó, 38 de los 43 acusados fueron condenados. Hubo 28 de esos penados que recibieron prisión perpetua y otros 10 fueron sentenciados a penas de entre dos y 21 años. También registraron cinco absoluciones en la causa sobre delitos de lesa humanidad.

Audiencia en Villa María

Facundo Trotta recordó que una de las 353 audiencias de la megacausa se hizo en Villa María. “Fue para tomar testimonio a una víctima del terrorismo de Estado, Marta Zandrino, quien, a consecuencia de las torturas, quedó con una discapacidad motriz. También hubo testigos vinculados a la desaparición de Ester Felipe y Luis Mónaco”.

“A todo el tribunal le pareció muy importante ir a Villa María, no solo para facilitar los testimonios, sino porque en esa ciudad tenemos a desaparecidos y sobrevivientes del terrorismo de Estado”.